Paro universitario: docentes vuelven a exigir que el Gobierno cumpla la ley
Las universidades nacionales atraviesan este jueves y viernes una nueva jornada de protesta. Los gremios docentes reclaman la recomposición de los salarios, mayor presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento quedó respaldado por la Justicia.
La conflictividad en las universidades nacionales vuelve a escalar. Este jueves 27 y viernes 28 de agosto, docentes de instituciones de todo el país llevan adelante un paro de 48 horas, acompañado por clases públicas, movilizaciones y distintas actividades de visibilización. La medida fue convocada bajo una consigna central: “Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señalaron que el acatamiento es “casi total” y advirtieron que el conflicto se sostiene por el deterioro de los salarios y el incumplimiento de una norma que, según los gremios, debería haber generado una recomposición tanto para trabajadores como para las universidades.
El paro se inscribe en un plan de lucha que viene creciendo durante agosto. CONADU Histórica había realizado previamente una medida de fuerza de varios días, mientras que otras federaciones docentes y nodocentes fueron sumando nuevas jornadas de protesta. La estrategia sindical apunta ahora a profundizar la presión durante el segundo cuatrimestre.
Uno de los principales puntos de conflicto es la pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con un informe elaborado por FEDUN y el CIICTI, los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el poder adquisitivo previo al inicio de la actual gestión nacional, deberían incrementarse un 31,2%, según ese relevamiento.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) ponen números concretos al reclamo. Según los datos difundidos por el sindicato, un ayudante de primera con dedicación simple —uno de los cargos más extendidos dentro del sistema universitario— cobró el 1° de agosto un salario básico de $272.645, cuando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario llevaría ese monto a $357.710.
La diferencia también alcanza a los jefes de trabajos prácticos: un JTP con dedicación simple percibió un básico de $326.359, frente a los $428.178 que corresponderían de aplicarse los mecanismos previstos por la ley.
La AGD-UBA sostiene, además, que los salarios no tuvieron una actualización frente a la inflación desde junio, cuando algunas federaciones y representantes del sistema universitario acordaron con el Gobierno una recomposición que, para los sectores más combativos, quedó lejos de resolver el problema.
“Nos deben más de cuatro salarios y un aumento del 31,2% a julio”, afirmó Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, quien cuestionó el acuerdo alcanzado en junio y sostuvo que permitió al Gobierno ganar tiempo mientras continuaba sin aplicar la normativa.
La protesta tiene como eje la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso y posteriormente resistida por el Poder Ejecutivo.
La disputa llegó a los tribunales. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado y dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar los artículos de la ley vinculados con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y la recomposición de determinados programas y becas estudiantiles.
El fallo no resolvió de manera definitiva la cuestión de fondo, pero sí mantuvo vigente la obligación cautelar de avanzar con esas actualizaciones.
Para los gremios, sin embargo, el problema persiste porque la decisión judicial todavía no se tradujo en la recomposición que reclaman. Desde AGD-UBA cuestionaron incluso los tiempos de la Justicia. “A dos meses del fallo de la Corte Suprema, aún no se ordenó la ejecución de la cautelar correspondiente”, sostuvo Carboni.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su posición frente al financiamiento universitario y la disputa continúa tanto en el terreno judicial como en el político y sindical.
El reclamo universitario también abarca el presupuesto necesario para sostener el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los sindicatos advierten que el deterioro no afecta únicamente a los docentes: también alcanza al personal nodocente, las becas estudiantiles, la investigación y las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad académica.
FEDUN sostuvo que el incumplimiento de la ley profundiza el deterioro “salarial, presupuestario y académico” y remarcó que el impacto alcanza a docentes, nodocentes, estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria.
En paralelo, las organizaciones gremiales cuestionan compromisos asumidos por el Gobierno en materia de presupuesto para funcionamiento y hospitales universitarios.
La huelga de este jueves y viernes no aparece como una medida aislada. Los gremios ya anticiparon que buscarán profundizar el plan de lucha si no aparece una respuesta oficial. En la UBA, la AGD planteó la necesidad de avanzar hacia nuevas medidas de fuerza y una nueva Marcha Federal Universitaria, en coordinación con los sectores de Ciencia y Tecnología.
FEDUBA, por su parte, confirmó que el paro del 27 y 28 forma parte de una estrategia coordinada entre las distintas organizaciones docentes y publicó un nuevo llamado a construir una marcha nacional universitaria.
