Ana Vainman: “Uno de cada tres celulares que se venden en el país entra de contrabando”
El contrabando representa un problema creciente para la industria formal argentina, tanto por su impacto económico como por la competencia desigual que genera. Desde AFARTE advirtieron que uno de cada tres celulares comercializados en el país ingresa ilegalmente y alertaron sobre la posible participación de organizaciones criminales detrás de ese volumen. Así lo explicó Ana Vainman, directora ejecutiva de la entidad, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.
La identificación de los teléfonos mediante el IMEI, un código que funciona como un documento de identidad al conectarse a la red, permite detectar el ingreso irregular de estos dispositivos. Para Vainman, la magnitud del fenómeno excede las operaciones individuales de quienes compran un equipo en el exterior para uso personal y apunta a un circuito de mayor escala. “Con esa cantidad, es imposible que no haya crimen organizado involucrado detrás”, sostuvo.
El impacto también alcanza a las cuentas públicas. Según los datos mencionados por la directora ejecutiva de AFARTE, durante 2025 el contrabando le quitó al Estado 2.300 millones de dólares de recaudación, considerando únicamente los siete sectores más afectados. Además, señaló que se trata de una problemática que viene registrando un crecimiento sostenido durante los últimos dos años.
Frente a la apertura económica, Vainman remarcó que la industria está dispuesta a competir, pero reclamó que todos los actores operen bajo las mismas reglas. Explicó que las empresas formales deben cumplir normas de seguridad eléctrica, reglamentos técnicos, obligaciones impositivas y requisitos laborales, mientras que quienes comercializan productos de contrabando evitan esas exigencias. Esta desigualdad, agregó, genera costos adicionales para las compañías que trabajan dentro de la legalidad.
La preocupación de AFARTE también está vinculada con los posibles daños a la salud. Vainman advirtió que los consumidores pueden quedar expuestos a productos que no cumplen con los controles correspondientes y mencionó el caso de cosméticos capaces de provocar alergias severas. A su vez, contó que la Cámara del Juguete informó sobre la detección de una toxina en los populares squishies, una sustancia que, según lo señalado en esa reunión, acelera la pubertad infantil.
Como parte de las medidas para combatir estas prácticas, la entidad destacó un convenio que permite actuar directamente con plataformas digitales ante publicaciones sospechosas. La iniciativa busca agilizar los pedidos de investigación y la baja de anuncios con precios irrisorios cuando no cuentan con respaldo aduanero, sin depender exclusivamente de los tiempos de una causa judicial. Para Vainman, esta alternativa permite intervenir sobre operaciones que pueden resultar difíciles de perseguir por la vía tradicional.
Por último, la directora ejecutiva de AFARTE cuestionó que algunos productos decomisados vuelvan al circuito comercial mediante subastas oficiales. Según planteó, esa situación requiere revisar el Código Aduanero, ya que los bienes confiscados pueden terminar nuevamente en el mercado y adquirir una apariencia de legalidad. La advertencia de la entidad apunta así a reforzar los controles sobre toda la cadena de comercialización, desde el ingreso de la mercadería hasta su venta al consumidor.
