El Gobierno busca recortar subsidios al gas y crece la tensión con gobernadores aliados
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías y desató preocupación entre gobernadores aliados por el impacto que tendría en las tarifas de gas.
Qué cambia con el proyecto
La iniciativa elimina el subsidio automático del 30% en la denominada “zona ampliada”, incorporada durante el gobierno de Alberto Fernández, y limita el beneficio a hogares de bajos ingresos incluidos en el sistema de subsidios focalizados.
El esquema afectaría a amplias regiones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan, provincias cuyos mandatarios mantienen una relación clave con el oficialismo en el Congreso.
Provincias en alerta
Los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Claudio Poggi y Marcelo Orrego quedarían en una posición incómoda frente al nuevo esquema, ya que miles de usuarios podrían perder parte del beneficio.
El Gobierno mantendrá el subsidio pleno únicamente para zonas de “severidad climática”, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El argumento de Milei
Desde la Casa Rosada sostienen que la ampliación del régimen “desnaturalizó” el sistema y generó un costo fiscal difícil de sostener.
Además, el proyecto modifica la forma de calcular el subsidio: ya no abarcará toda la factura, sino solamente el precio del gas en origen, lo que reducirá el monto subsidiado incluso para quienes sigan dentro del régimen.
Congreso trabado y más presión política
La iniciativa llega en un momento delicado para el oficialismo. El Gobierno todavía no logra avanzar con proyectos clave como la reforma electoral y necesita del apoyo de legisladores provinciales para destrabar la agenda parlamentaria.
En paralelo, los gobernadores reclaman fondos para obras y comenzaron a endurecer sus negociaciones con la Nación.
Un nuevo foco de conflicto
El proyecto fue firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La decisión suma un nuevo frente de tensión política para el Ejecutivo, que ahora deberá convencer a sus aliados de acompañar una medida que impacta directamente en el bolsillo de millones de usuarios.
