Biocombustibles: Jorge Capitanich adviertió que la reforma pone en riesgo a las PyMEs del sector
La reducción del cupo de biodiésel para las pequeñas y medianas empresas genera, según Jorge Capitanich, un escenario de riesgo para las firmas del sector y para los puestos de trabajo vinculados a su actividad. El senador nacional de Fuerza Patria cuestionó que el porcentaje asegurado pase del 7,5% al 4% y sostuvo que la medida puede derivar en el cierre de plantas, hoy en diálogo con Rolando Graña, en RPM.
Capitanich explicó que la modificación establece un esquema decreciente para la participación de las PyMEs en el mercado de biodiésel. Según planteó, esta reducción favorece una mayor concentración en los grandes grupos y afecta especialmente a empresas radicadas en pueblos y localidades del interior.
“En biodiésel, las PyMEs tenían asegurado hasta un 7,5% del cupo asignado y ahora se establece un esquema decreciente que llega al 4%. Eso significa un claro peligro de cierre”, afirmó el senador, quien justificó así su rechazo a la iniciativa durante la votación.
El legislador también señaló que el impacto de la concentración no se limita a los empleos directos de las plantas. “Afectan a plantas que no solo generan empleos directos, sino miles de puestos indirectos que van desde el transporte hasta actividades conexas en el interior”, sostuvo.
En contraposición, Capitanich respaldó el aumento del corte de bioetanol hasta alcanzar la meta del 30% que mencionó como referencia de Brasil. Según explicó, esa medida permite agregar valor a la producción de maíz y caña de azúcar y beneficia a las economías regionales.
“Por eso para nosotros era fundamental votar en contra y defender a las pequeñas y medianas empresas”, expresó. En ese sentido, remarcó su rechazo a una modificación que, según su planteo, puede profundizar la concentración del mercado y poner en riesgo la continuidad de empresas vinculadas a la producción de biocombustibles.
El senador también cuestionó otras decisiones del Gobierno en materia económica y social. Sobre las pensiones no contributivas y la discapacidad, sostuvo que el recorte “no tiene ningún tipo de significatividad fiscal” y lo definió como una estrategia vinculada con “la expansión del odio y la discriminación”.
