$LIBRA: un informe de la Policía Federal refuerza la hipótesis sobre el origen concentrado del token
Un informe preliminar de la Policía Federal Argentina (PFA) incorporado a la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano volvió a poner el foco sobre el nacimiento y la estructura del controvertido token $LIBRA. El documento concluye que el activo digital tuvo una generación única sobre la blockchain de Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, bajo el control de un actor cuya identidad aún no fue determinada por los investigadores.
La conclusión no implica una definición judicial sobre la existencia de una estafa, pero sí aporta elementos técnicos relevantes para reconstruir cómo se originó el proyecto y quiénes pudieron haber tenido capacidad de decisión sobre su lanzamiento.
El caso $LIBRA
La polémica en torno a $LIBRA estalló cuando el presidente Javier Milei promocionó públicamente el token a través de sus redes sociales. Tras esa difusión, el activo experimentó una fuerte suba de cotización impulsada por miles de compradores que ingresaron al proyecto.
Sin embargo, poco después se produjo un desplome abrupto de su valor, dejando importantes pérdidas económicas para numerosos inversores. A partir de entonces, comenzaron las denuncias judiciales y se abrió una investigación para determinar si existió una maniobra fraudulenta detrás del lanzamiento y la promoción del criptoactivo.
Desde entonces, la Justicia intenta establecer quiénes diseñaron el esquema, quiénes controlaban las billeteras involucradas y si hubo responsabilidades penales en la difusión del proyecto.
El informe de la Policía Federal
Según el documento firmado el 21 de mayo de 2026 por la subinspectora María de los Ángeles Crespo, de la Policía Federal, al que Radio del Plata tuvo acceso, el análisis realizado hasta el momento permitió establecer que “$LIBRA presenta un origen único a partir de un evento de generación total (coin generation) sobre la blockchain de Solana”, y que esa emisión inicial “posee una asignación concentrada en una sola dirección”, lo que “evidencia control primario absoluto por parte de una entidad o actor no identificado”.
Además, los investigadores verificaron que el acceso al token podía obtenerse mediante un formulario vinculado al proyecto a través de una plataforma web, donde posteriormente se incorporó información relativa al contrato del activo y sus medios de contacto. También señalaron que la comercialización inicial se realizó a través de distintas alternativas, entre ellas el exchange Ripio.
Una investigación todavía en etapa preliminar
El documento aclara que las tareas desarrolladas constituyen apenas una “etapa preliminar del análisis”, por lo que la pesquisa continuará con nuevas medidas de trazabilidad para intentar determinar el recorrido y destino final de los activos involucrados.
Por ese motivo, el informe no establece responsabilidades penales ni identifica a los presuntos organizadores del proyecto, sino que aporta evidencia técnica para profundizar la reconstrucción de la operatoria.
El rol de Milei, bajo la lupa
La difusión del informe reavivó las críticas de quienes siguen de cerca la causa judicial. Uno de los puntos que continúa bajo análisis es el papel que tuvo el presidente Javier Milei en la promoción pública del token.
Los denunciantes sostienen que la dirección para adquirir el activo, difundida por el mandatario en redes sociales, no era de acceso masivo al momento de su publicación, lo que alimenta interrogantes sobre quiénes tenían conocimiento previo del proyecto y cómo circuló esa información.
No obstante, hasta el momento no existen imputaciones derivadas exclusivamente de este informe técnico, ni una resolución judicial que establezca responsabilidades penales en relación con estas conclusiones.
La trazabilidad como próxima etapa
El expediente suma así una nueva pieza a una causa que todavía está lejos de cerrarse, pero que empieza a delinear con mayor precisión el funcionamiento inicial de uno de los proyectos cripto más controvertidos de los últimos años.
La próxima etapa estará centrada en profundizar el rastreo de las billeteras digitales involucradas para identificar a los beneficiarios finales de la operatoria y determinar si la estructura detectada por los peritos derivó en la comisión de delitos.
