Día internacional contra las falsas denuncias: entre el dolor por condenas sin pruebas y críticas a un proyecto de ley
Organizaciones que reclaman contra las falsas denuncias de violencia de género se movilizan este miércoles en 14 provincias y más de 20 ciudades. La principal concentración es frente al Congreso, donde a las 17 convocan una marcha y, dos horas después, un encendido de velas. El reclamo vuelve a poner en el centro de la escena el proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas, una iniciativa que avanza en el Senado pero que también cosecha fuertes cuestionamientos.
Marchas de este miércoles
La convocatoria fue realizada en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias bajo la consigna “Faltan condenas a las falsas denuncias”. Además de la movilización frente al Congreso, habrá actividades en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Chaco, Santa Cruz, Salta, Catamarca, Jujuy, Misiones y Río Negro, entre otras provincias. En Rosario, por ejemplo, se anunciaron concentraciones frente al Ministerio Público y en el Monumento a la Bandera.
El Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias y otras organizaciones sostienen que una acusación deliberadamente falsa puede generar consecuencias familiares, económicas, laborales y judiciales que se prolongan durante años. Andrea Guacci, una de sus referentes, sostuvo que el reclamo no busca desconocer la existencia de víctimas reales, sino incorporar al debate público las consecuencias que puede producir una acusación falsa.
Guacci señaló que las movilizaciones se desarrollarán en 14 provincias y más de 20 ciudades. También cuestionó la falta de estadísticas oficiales que permitan dimensionar el fenómeno y contrapuso distintas mediciones que arrojan resultados muy diferentes. Según explicó, mientras un relevamiento citado por el Observatorio de Violencia en Argentina ubicó las falsas denuncias en el 0,09% de las causas analizadas, otro estudio de DAVIA señaló porcentajes considerablemente mayores entre personas consultadas sobre experiencias de acusaciones falsas.
“Una falsa denuncia le quita la atención inmediata a una verdadera víctima”
Uno de los principales argumentos de quienes impulsan una legislación específica apunta a las consecuencias que una acusación puede provocar aun cuando posteriormente la persona denunciada resulte sobreseída, absuelta o la causa sea archivada. Guacci sostuvo que “una falsa denuncia le quita la atención inmediata y urgente a una verdadera víctima” y cuestionó que el problema sea considerado marginal.
La vocera de esta problemática también puso el foco en el impacto sobre los hijos e hijas involucrados en conflictos familiares y sostuvo que las consecuencias psicológicas pueden alcanzar tanto a los menores como a los adultos denunciados. “Primero te cambia la vida para siempre, ya no sos la misma persona que eras antes”, afirmó al describir el impacto que puede tener atravesar un proceso de estas características.
El debate también alcanza a los casos en los que una denuncia no logra ser probada. Especialistas consultados por Info del Estero remarcaron que una acusación que no pudo ser acreditada judicialmente no equivale automáticamente a una denuncia falsa. Para determinar que efectivamente existió una falsedad debe establecerse, mediante la investigación correspondiente, que el hecho no ocurrió o que fue presentado deliberadamente de una manera sustancialmente diferente.
La esposa de una víctima: el impacto detrás del expediente
Detrás de la discusión parlamentaria también aparecen historias familiares de personas que aseguran haber atravesado las consecuencias de acusaciones que consideran falsas. Esos testimonios forman parte del movimiento que reclama una respuesta específica del Estado y que busca que el debate no quede reducido a porcentajes o estadísticas.
Las organizaciones que acompañan estos casos sostienen que una denuncia puede producir la ruptura de vínculos familiares, restricciones en el contacto con los hijos, pérdida del empleo, deterioro económico y daños psicológicos incluso antes de que exista una resolución judicial. En ese sentido, el reclamo de las familias apunta a que el sistema pueda proteger a quien denuncia cuando existe una situación real de violencia, pero también establecer mecanismos para determinar y sancionar aquellos casos en los que exista una acusación deliberadamente falsa.
Por qué genera rechazo el proyecto que agrava las penas
El proyecto de Carolina Losada propone modificar el Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión para las denuncias falsas y elevarlas a entre tres y seis años cuando involucren violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual. El texto incorpora como requisito la existencia de dolo: debe probarse que quien denunció sabía que los hechos eran falsos y actuó con intención de perjudicar al acusado.
El principal argumento de quienes rechazan la iniciativa es que el endurecimiento de las penas podría generar un efecto intimidatorio sobre mujeres, niños y otras personas que atraviesan situaciones de violencia y deben decidir si recurren a la Justicia. En una reunión de la Comisión de la Mujer del Senado, especialistas y organizaciones advirtieron que el proyecto podría convertirse en una nueva barrera de acceso a la Justicia y reforzar el temor a denunciar cuando no existen pruebas suficientes para sostener una acusación.
También existe una discusión sobre la magnitud del fenómeno. Quienes cuestionan el proyecto citan el dato del 0,09% de investigaciones por falsas denuncias sobre más de ocho millones de expedientes analizados y consideran que no existe un diagnóstico que justifique agravar las penas específicamente en los casos de violencia de género. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas también expresó reparos y pidió retirar la iniciativa por considerar que podría desalentar la búsqueda de protección.
El rechazo también llegó desde ámbitos legislativos provinciales. El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, por ejemplo, manifestó su preocupación porque una medida de este tipo pueda generar “amedrentamiento o desaliento” entre quienes denuncian violencia y sostuvo que la respuesta estatal debería concentrarse en fortalecer la prevención, la asistencia y el acceso a la Justicia.
