Fallo definitivo: la Corte Suprema ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas de la Masacre de Patagones
Tras 22 años de La masacre de Carmen de Patagones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordeno al Estado y a las autoridades de la provincia indemnicen a las familias de las victimas. El veredicto del tribunal, contó con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Asimismo, los magistrados declararon formalmenteinadmisibles las quejas impulsadas por la Prefectura Naval Argentina y por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Por otra parte, esta determinación judicial da continuidad al criterio adoptado el año pasado en expedientes vinculados a la misma balacera, unificando el amparo jurisprudencial para el entorno íntimo de las víctimas del aula de primer año del Polimodal.
Control escolar y la custodia del armamento de Prefectura
Por un lado, la aplicación del artículo 1117 del Código Civil de ese momento determinaba la responsabilidad de los colegios estatales. Las autoridades debían responder por los daños sufridos por alumnos menores bajo su control directo, salvo casos fortuitos imposibles de prever. El hecho pasó luego del izamiento de la bandera. “Juniors” se paró frente a sus compañeros, sacó el arma y empezó a disparar de forma indiscriminada. El ataque costó la vida de Sandra Núñez, Federico Ponce y Evangelina Miranda. “Cuando tiré, no era yo”, declaró el joven ante la jueza de menores.
De igual importancia, el cuerpo docente había recibido alertas sobre la conducta errática de Rafael “Juniors” Solich, de 15 años. Varios miembros del establecimiento advirtieron la situación alarmante, pero no tomaron medidas de contención oportunas. Por otro lado, el agresor ejecutó los disparos utilizando un arma de la Prefectura Naval de su padre. El hombre se desempeñaba como miembro activo de dicha fuerza federal. Al confirmarse que el armamento estatal no contó con el resguardo necesario, la Justicia ratificó el nexo causal con el trágico desenlace.
El cierre de la vía penal y las implicancias institucionales del caso en la provincia
Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema agota las instancias de reclamo en el fuero civil, luego de que el agresor fuera declarado inimputable por la justicia de menores en las semanas posteriores al hecho debido a su condición de minoridad. Las dependencias gubernamentales deberán coordinar los mecanismos presupuestarios correspondientes para hacer efectivas las liquidaciones dispuestas en primera instancia.
El caso Patagones se mantiene en la agenda como principal parámetro de análisis sobre la prevención de violencia y supervisión que pesan sobre el personal de las escuelas de gestión pública en territorio nacional.
