Privatización de la Hidrovía: el negocio, las dudas y la apuesta de bajar costos y atraer inversiones
El Gobierno nacional avanzó con la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. La operación constituye la mayor privatización impulsada por la administración de Javier Milei y tendrá una duración de 25 años, con posibilidad de prórroga.
La concesión comprende unos 1.400 kilómetros de la principal ruta fluvial del país e incluye las tareas de dragado, balizamiento, señalización y mantenimiento del sistema, además del cobro de peajes a las embarcaciones que transitan por la vía.
La apuesta oficial: bajar costos y atraer inversiones
Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sostienen que el nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas. El Gobierno aseguró que la licitación se desarrolló con estándares internacionales y destacó la participación de organismos especializados y de mesas de trabajo con provincias y actores del sector.
Según las autoridades, el objetivo es reducir los costos logísticos, modernizar la infraestructura y garantizar que el concesionario asuma los riesgos operativos y las inversiones necesarias, sin comprometer recursos del Estado. El proceso fue supervisado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Una licitación que tuvo un primer intento fallido
La privatización de la Hidrovía no estuvo exenta de dificultades. En 2025, el Gobierno anuló una primera licitación luego de que sólo se presentara una oferta. El vocero presidencial, entonces, denunció maniobras que habrían buscado desalentar la competencia y el Ejecutivo resolvió reiniciar el proceso.
Posteriormente, se elaboró un nuevo pliego y se convocó a una licitación internacional que permitió la participación de varios operadores especializados en dragado. Tras las evaluaciones técnicas, quedaron en carrera las firmas Jan De Nul y DEME.
La conducción del proceso quedó en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada por el Gobierno tras la disolución de la Administración General de Puertos. El Ejecutivo argumentó que la reorganización buscó concentrar funciones y reducir estructuras administrativas.
La ANPYN impulsó mesas de trabajo con las provincias vinculadas a la Hidrovía y conformó un Consejo de Control con participación de distintos actores para supervisar el funcionamiento del sistema.
Cuestionamientos y denuncias por presuntas irregularidades
El proceso también recibió críticas de sectores de la oposición y de organismos judiciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó observaciones sobre diversos aspectos del procedimiento y advirtió sobre posibles falencias vinculadas a cláusulas anticorrupción, mecanismos de evaluación y estudios ambientales.
Las objeciones fueron rechazadas por el Gobierno, que insistió en que la licitación fue transparente y que las modificaciones introducidas respecto de procesos anteriores apuntaron precisamente a fomentar una mayor competencia y asegurar condiciones internacionales de control.
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye la principal salida del complejo agroexportador argentino. Conecta a la Argentina con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. El corredor es clave para el comercio regional y para la competitividad de sectores como la producción de granos, aceites y derivados industriales.
La nueva concesión representa una prueba importante para la estrategia del Gobierno de profundizar la participación privada en obras de infraestructura y será observada de cerca tanto por los mercados como por los sectores productivos y políticos, debido al impacto que tendrá sobre los costos logísticos y la capacidad exportadora del país.
