Quién es quién en la “banda de los mendocinos” que controló ARSAT y hoy está bajo investigación
La caída de Facundo Leal, ex titular de ARSAT y ex presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), abrió una nueva etapa en una investigación que apunta a una red de exfuncionarios conocida informalmente dentro de la empresa estatal como la “banda de los mendocinos”.
El grupo, integrado por dirigentes originarios de Mendoza que desembarcaron en ARSAT hace casi dos décadas, logró conservar posiciones de poder durante distintos gobiernos y expandir su influencia hacia organismos clave del Estado nacional. Ahora, varios de sus integrantes enfrentan imputaciones judiciales por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones, movimientos de fondos y enriquecimiento patrimonial.
Quiénes integraban la denominada “banda de los mendocinos”
Según distintas reconstrucciones periodísticas, el núcleo estaba conformado por Facundo Leal, Gerardo Boschin, Juan Andrés Navarro, Pablo Gastón Pagani, Leonardo Comperatore, Santiago Trezza Silva y Octavio Falasco, entre otros nombres vinculados históricamente a ARSAT.
Todos comparten un rasgo en común: su origen mendocino y una trayectoria que comenzó junto al exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Con el paso de los años, varios de ellos ocuparon cargos de creciente relevancia en áreas estratégicas vinculadas al transporte, la infraestructura y las comunicaciones.
La investigación judicial
La causa tomó impulso tras la detención de Leal, luego de allanamientos realizados en propiedades ubicadas en distintas provincias.
Durante esos procedimientos, la Justicia secuestró más de 2 millones de dólares en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y una importante cantidad de sustancias prohibidas, según trascendió de la investigación.
El expediente busca determinar si existió un esquema de cobro de coimas vinculado a contrataciones dentro de ARSAT y si algunos de los funcionarios involucrados participaron en operaciones financieras incompatibles con sus ingresos declarados.
Cuatro integrantes del grupo ya fueron imputados y tienen pedidos de declaración indagatoria.
Cómo mantuvieron influencia durante distintos gobiernos
Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la capacidad que tuvo este grupo para mantenerse en posiciones de poder pese a los cambios de administración nacional.
Varios de sus integrantes conservaron o incluso ampliaron responsabilidades durante la gestión de Javier Milei. Leal, por ejemplo, pasó a conducir el ORSNA, mientras que otros referentes ocuparon cargos vinculados a empresas ferroviarias y organismos estatales.
Fuentes consultadas por distintos medios atribuyen parte de ese crecimiento a los vínculos construidos con dirigentes políticos, empresarios y referentes del sector privado.
Entre los nombres mencionados aparecen el ex secretario de Transporte Luis Pierrini, empresarios mendocinos de peso y figuras relacionadas con el mundo de la infraestructura y las telecomunicaciones.
Los viajes, las fiestas y la red de relaciones
La investigación también puso bajo observación actividades extralaborales del grupo.
Diversas publicaciones periodísticas señalaron que varios de sus integrantes compartían viajes al exterior, encuentros sociales y eventos privados. Uno de los episodios mencionados ocurrió en Marbella, España, donde habrían coincidido con contratistas del Estado.
También surgieron referencias a reuniones frecuentes en Mendoza y a encuentros realizados durante la pandemia en instalaciones de ARSAT, hechos que forman parte del contexto analizado por los investigadores.
Aunque estos episodios no constituyen delitos por sí mismos, forman parte del mapa de relaciones que la Justicia intenta reconstruir.
El crecimiento patrimonial que despertó sospechas
Uno de los puntos centrales de la investigación es la evolución patrimonial de algunos integrantes del grupo.
En el caso de Facundo Leal, las declaraciones juradas muestran un crecimiento significativo entre 2020 y 2025. Según los documentos difundidos, pasó de declarar bienes por alrededor de 39 millones de pesos a informar un patrimonio superior a 528 millones de pesos, incluyendo propiedades, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y participaciones empresariales.
Situaciones similares aparecen en otras declaraciones juradas analizadas por la Justicia.
Por ejemplo, Gerardo Boschin registró una evolución patrimonial que pasó de poco más de dos millones de pesos a superar los 240 millones en pocos años, según los registros oficiales citados en la investigación.
Los investigadores buscan determinar si esas variaciones encuentran respaldo en ingresos legítimos o si podrían estar vinculadas a maniobras irregulares.
Qué puede pasar ahora
La causa se encuentra en manos del juez Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez, quienes analizan la documentación y los dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
El contenido de celulares, computadoras y archivos digitales podría resultar clave para establecer si existió una estructura organizada para direccionar contrataciones, gestionar negocios o canalizar fondos de origen ilícito.
Mientras avanza la investigación, el caso ya se convirtió en uno de los expedientes más sensibles vinculados a empresas estatales y promete abrir nuevos capítulos sobre el funcionamiento interno de organismos estratégicos del Estado.
