Sin los votos, el Gobierno retiró del Senado el capítulo sobre la Ley de Tierras
Son horas difíciles dentro de La Libertad Avanza. El Gobierno resolvió retirar del debate en el Senado el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modificaba el régimen de compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
La decisión fue expresada por Patricia Bullrich, este miércoles, durante una reunión entre representantes del oficialismo y bloques dialoguistas, en la previa de la sesión convocada para este jueves. De esta manera, el proyecto continuará su tratamiento, aunque sin el apartado referido a la Ley de Tierras.
La medida permitió al oficialismo preservar el debate del resto de la iniciativa y evitar una derrota parlamentaria en uno de los puntos que había generado mayor polémica.
El rechazo de gobernadores y aliados
En las últimas horas, senadores alineados con gobernadores que habitualmente acompañan al Gobierno anticiparon que no respaldarían la modificación del régimen de tierras rurales.
Entre ellos se encontraban Flavia Royón y Beatriz Ávila, vinculadas políticamente a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, respectivamente. También expresó su rechazo la neuquina Julieta Corroza, cercana al gobernador Rolando Figueroa.
A esas posiciones se sumaron legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes reclamaban que el proyecto regresara a comisión para ampliar el debate.
Sin los 37 votos necesarios para aprobar el capítulo, el oficialismo optó por retirarlo antes de que fuera sometido a consideración del recinto.
El poroteo que no fue
Hasta último momento, el oficialismo intentó reunir los apoyos necesarios para evitar una derrota en el recinto. Durante la jornada del martes, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció una modificación al proyecto con la intención de captar el respaldo de los legisladores indecisos.
La propuesta mantenía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y elevaba el límite de titularidad del 15% vigente al 25% del territorio nacional. El cambio formó parte de las negociaciones impulsadas por el Gobierno para destrabar el tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.
Consultada sobre las posibilidades del oficialismo de reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto, Bullrich se mostró confiada y respondió: “Se gana por un voto”.
Sin embargo, la concesión no alcanzó para revertir el rechazo de varios bloques dialoguistas ni de los senadores alineados con distintos gobernadores provinciales. Ante la falta de los 37 votos necesarios, el Gobierno terminó retirando por completo el capítulo referido a la Ley de Tierras para garantizar la continuidad de la sesión y evitar una derrota parlamentaria.Tu prueba Premium ha finalizado
Qué cambios proponía el proyecto
El apartado eliminado modificaba el régimen vigente establecido por la Ley 26.737, que fija límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales en el territorio nacional.
La propuesta mantenía la prohibición para que Estados extranjeros adquirieran inmuebles de manera directa, pero habilitaba operaciones realizadas por empresas, sociedades, uniones transitorias y otras personas jurídicas, incluso aquellas con participación estatal extranjera, siempre que contaran con la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.
La iniciativa había sido impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado como parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Continúa el debate del resto del proyecto
Pese al retiro del capítulo sobre tierras rurales, el Senado avanzará con el tratamiento del resto de la iniciativa, que incluye modificaciones vinculadas a los procesos de desalojo, expropiaciones y distintos mecanismos de protección de la propiedad privada.
La exclusión del apartado sobre extranjerización de tierras no implica su rechazo definitivo, aunque sí representa un revés legislativo para el oficialismo, que deberá buscar nuevos consensos si pretende volver a impulsar una reforma del régimen vigente.
