Endeudados: con 50 proyectos, se abren frentes en el Congreso y la Legislatura bonaerense por la crisis de morosidad
El problema del sobreendeudamiento llegó al centro de la agenda parlamentaria. Mientras en Diputados la oposición busca llevar al recinto distintos proyectos para aliviar la situación de los morosos y el oficialismo intenta encauzar el debate en comisiones, en la Legislatura bonaerense avanza una iniciativa para poner límites al hostigamiento de empresas y agencias de cobranza.
La situación de las familias endeudadas comenzó a ganar espacio en la agenda legislativa nacional y bonaerense, con iniciativas que apuntan a distintos aspectos de una problemática que excede el incumplimiento de una cuota y pone en discusión las condiciones del crédito, los mecanismos de cobranza y las herramientas disponibles para quienes quedaron atrapados en una espiral de deuda.
En el Congreso, la discusión quedó atravesada además por una disputa política entre el oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza decidió abrir el debate en comisiones y fijó un cronograma que contempla reuniones durante septiembre y la posibilidad de emitir dictamen el 30 de ese mes. La estrategia oficial busca ordenar el tratamiento de los distintos proyectos y, al mismo tiempo, evitar que prospere la sesión que la oposición pretende realizar el 9 de septiembre.
La oposición, en tanto, reunió iniciativas de distintos bloques para intentar llevar el tema al recinto. Fueron incorporados unos 50 proyectos vinculados con el endeudamiento, aunque existen alrededor de una decena con mayores posibilidades de convertirse en base para una eventual discusión. El desafío opositor pasa por sostener en el recinto una mayoría que ya había logrado reunir, mientras el oficialismo negocia con sus aliados y busca evitar que el debate avance sin un texto consensuado.
El debate nacional también puso sobre la mesa la magnitud y las características de la morosidad. Durante las primeras reuniones en comisión, especialistas plantearon diferencias entre las deudas originadas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios, entidades no financieras y billeteras virtuales. Uno de los expositores señaló que las deudas impagas alcanzan al 15% de la población, aunque también remarcó que buena parte de los morosos mantiene obligaciones de montos relativamente bajos.
La discusión se trasladó también a las posibles herramientas para atacar el problema. Entre las alternativas planteadas aparecen la reducción de costos financieros, cambios impositivos y medidas para mejorar la información que reciben los consumidores antes de tomar un crédito. De esta manera, el Congreso debate no solamente qué hacer con quienes ya se encuentran en mora, sino también cómo evitar que el acceso al financiamiento termine profundizando situaciones de vulnerabilidad económica.
La Provincia pone el foco en el hostigamiento
Mientras el debate nacional se concentra en el tratamiento de las deudas y las alternativas para aliviar la morosidad, en la Legislatura bonaerense avanzó una iniciativa que apunta a una etapa posterior: los mecanismos utilizados para reclamar los pagos.
La Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de la diputada Ana Luz Balor que busca prohibir el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda realizados por proveedores de bienes y servicios y agencias de cobranza. La propuesta pretende establecer límites a prácticas que pueden convertirse en presiones, intimidaciones o vulneraciones de la privacidad de quienes atraviesan una situación de mora.
La iniciativa parte de una premisa: reclamar una deuda constituye un derecho del acreedor, pero ese reclamo debe realizarse por vías legítimas y respetando la dignidad y los derechos de los consumidores. Por eso, el proyecto busca establecer pautas para evitar que llamados reiterados, intimidaciones, contactos invasivos o mecanismos de exposición pública se transformen en herramientas habituales de cobranza.
El proyecto forma parte de una agenda más amplia impulsada por Balor alrededor del sobreendeudamiento familiar. La legisladora también presentó una iniciativa para incorporar esta problemática a la legislación provincial de defensa del consumidor, con un procedimiento específico que contempla una instancia de mediación y la suspensión durante 90 días de embargos y ejecuciones judiciales para quienes puedan acreditar una situación de sobreendeudamiento.
La discusión bonaerense incorpora además un enfoque preventivo. Entre las propuestas vinculadas con el tema aparecen iniciativas sobre educación financiera, regulación de los débitos, límites a determinadas prácticas de las entidades crediticias y mecanismos para facilitar la renegociación de las obligaciones. El objetivo común es que la deuda no derive automáticamente en una situación de mayor vulnerabilidad para las familias.
