Malvinas: el proyecto de Milei para sancionar a petroleras que operen en las islas ya llegó al Congreso
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de “Ley de defensa de la soberanía nacional”, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y establecer nuevas herramientas para la protección de los intereses argentinos.
El proyecto ingresó al Parlamento durante las últimas horas y, según informó Presidencia, tiene como objetivo “proteger los derechos soberanos de la República Argentina”.
Desde la Oficina del Presidente calificaron la iniciativa como “un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” y convocaron a la dirigencia política a darle prioridad al tratamiento legislativo.
Qué propone el proyecto por las operaciones petroleras en Malvinas
La iniciativa busca reemplazar el régimen establecido por la ley 26.659, sancionada en 2011, por un esquema que el Gobierno define como más estricto.
Entre sus objetivos se encuentra agravar las sanciones penales contra quienes exploten recursos naturales en territorio que Argentina considera bajo su soberanía, además de alcanzar a accionistas y proveedores vinculados con esas actividades.
Desde Casa Rosada explicaron que el proyecto se estructura sobre tres pilares: sancionar a quienes explotan recursos naturales de manera considerada ilegítima por el Estado argentino, generar incentivos para que abandonen esas actividades y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
En junio pasado, el Gobierno había declarado “ilegítimas y clandestinas” las actividades de distintas compañías petroleras que operan en la cuenca de Malvinas, entre ellas Rockhopper, Desire Petroleum, Argos Resources, Falkland Oil and Gas y Borders & Southern Petroleum.
El proyecto también modifica el Código Penal
La iniciativa no se limita a la explotación de recursos naturales. El proyecto incorpora además modificaciones al Código Penal.
En particular, el artículo 111 propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, una organización o un agente extranjero, intervengan en determinadas acciones consideradas perjudiciales para el Estado.
Entre ellas se incluyen la alteración de procesos electorales, la manipulación de la opinión pública mediante campañas de “desinformación masiva” y la promoción de “actos de violencia o sabotaje contra el Estado”.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que estará regido por un Consejo de Seguridad Nacional.
La propuesta contempla una estructura destinada a articular y coordinar áreas vinculadas con la diplomacia, la economía, la defensa, la Justicia y la inteligencia, además de la protección de infraestructuras críticas y la soberanía nacional.
Desde el Gobierno sostienen que Argentina necesita un marco normativo integral y coordinado para responder a las amenazas que identifica en la actualidad.
Según plantearon desde Casa Rosada, las herramientas utilizadas hasta el momento resultaron insuficientes para defender de manera efectiva la posición argentina sobre la Causa Malvinas.
El mensaje de Milei al Congreso
Con el proyecto ya ingresado, el presidente Javier Milei convocó a la dirigencia política a darle prioridad al debate parlamentario.
El comunicado oficial invita a “poner una pausa a otras discusiones y darle máxima prioridad y celeridad” al tratamiento de la iniciativa.
El Gobierno sostiene que la cuestión Malvinas debe ser abordada como una política de Estado y llamó a trabajar de manera conjunta en defensa del reclamo argentino sobre las islas.
El proyecto ahora deberá comenzar su recorrido legislativo en el Congreso, donde los diputados y senadores deberán analizar el alcance de las nuevas sanciones, las modificaciones penales y la creación del Sistema de Seguridad Nacional.
