Universidades en la plaza: buscan “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno de la ley”
Los rectores de las 60 universidades nacionales de todo el país llevan este miércoles su reunión mensual al corazón de la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada, para exigir que el gobierno del presidente Javier Milei aplique de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.
La histórica movilización institucional del Consejo Interuniversitario Nacional se fijó para las 14:30 en respuesta directa a la última resolución de la Justicia Federal, que dejó sin efecto los mecanismos del Poder Ejecutivo para congelar los fondos aprobados por el Poder Legislativo.
El trasfondo del reclamo escaló en las últimas horas después de que el juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Gabinete nacional había frenado la puesta en marcha de la ley argumentando la falta de partidas presupuestarias específicas.
El contundente fallo que acorrala al Ejecutivo
En un duro pronunciamiento público, las autoridades académicas confirmaron que la convocatoria frente al despacho presidencial busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La resolución del magistrado invalida de forma drástica la cláusula oficialista que subordinaba la plata de las academias a reasignaciones del erario público. El juez determinó que el Poder Ejecutivo Nacional debe dictar sin más dilaciones las normas reglamentarias y ejecutivas para garantizar el envío de las partidas monetarias.
Aunque la Casa Rosada utilizó el argumento de la falta de partidas presupuestarias para promulgar la norma con restricciones tras el rechazo del veto en el Congreso de la Nación, la sentencia de primera instancia obliga a la administración central a desembolsar las partidas correspondientes para el funcionamiento operativo.
Salarios, becas y un conflicto sin tregua
El frente judicial contra el ajuste en la educación superior suma además varios antecedentes desfavorables para el Palacio de Hacienda. La decisión de Martín Cormick se acopla a las resoluciones que intimaron al Estado a regularizar de manera urgente la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes, junto a la actualización del monto de las becas estudiantiles.
El juzgado ya le había otorgado al Gobierno un plazo perentorio de cinco días para acreditar el pago de los montos adeudados bajo apercibimiento de imponer duras multas económicas a los funcionarios responsables. Pese a que el Estado presentó comprobantes de mesas paritarias y órdenes de pago, la Justicia remarcó que solo se acreditó un cumplimiento parcial e insuficiente.
Desde la Casa Rosada intentaron frenar las sanciones argumentando que las recomposiciones sueldos acumuladas desde el inicio de la gestión alcanzaban un 226,8 %, cifra que según el oficialismo superaba la marca de la inflación del período. Sin embargo, el tribunal desestimó esos cálculos por no ajustarse a los parámetros legales vigentes.
La advertencia por las partidas presupuestarias
El escenario judicial quedó fuertemente blindado luego de que la medida cautelar que protege los sueldos y las becas fuera ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedara firme con el rechazo de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia.
En relación con el programa de asistencia a los alumnos, el juzgado volvió a rechazar la postura oficial que pretendía acotar los desembolsos exclusivamente a los beneficiarios del programa Manuel Belgrano, ordenando la cobertura integral fijada por el texto legislativo.
Sin respuestas concretas sobre las mesas de negociación y con las partidas operativas al límite, la cumbre de rectores a metros del despacho presidencial marca un punto de inflexión en el conflicto entre el sistema universitario nacional y las políticas de recorte fiscal de la administración pública.
