
Reforma al Código Contravencional: penas más duras y nuevas multas
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy en la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional. Fue impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para transformar normativas. El texto modifica la Ley 1.472 vigente y la Ley 12 de Procedimiento Contravencional.
El objetivo principal es sancionar conductas que alteran la convivencia ciudadana y terminar con la impunidad al romper las normas. Según el mandatario, la reforma apunta a que el infractor pague las consecuencias de sus actos de manera efectiva. Así, se busca mayor orden en el espacio público y sumar normativas de protección digital.

Uno de los cambios más notorios recae sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, con sanciones más severas. Las multas pasarían a tener un máximo de más de 7 millones de pesos. Además, los días de arresto se extenderían de 5 a 30, y la inhabilitación de la licencia llegaría hasta cuatro años.
Las actividades lucrativas no autorizadas, que incluyen venta informal y manteros, sufrirán un aumento pronunciado. El nuevo tope alcanzaría 58 millones de pesos para desincentivar la ocupación irregular comercial. Los ruidos molestos se penarían con hasta 10 días de encierro y tareas de utilidad pública.
En reincidencia, el proyecto fija aumentos de pena que escalan desde un 50% hasta el doble del castigo. Para los trapitos, repetir la falta elevaría el arresto hasta 90 días efectivos. Además, se creará un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y se limitará el arresto domiciliario.
La actualización incorpora nuevas contravenciones como el seguimiento o acecho, el phishing y los deepfakes. También castigará la obtención de claves, códigos o tokens. Quienes lleven materiales aptos para provocar disturbios, como una bomba molotov, enfrentarán fuertes sanciones económicas y el comiso de los elementos incautados.
Se establece la imputabilidad para adolescentes de entre 14 y 17 años, adecuándose a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil. Tendrán un régimen donde no podrán ser detenidos, cumpliendo medidas de responsabilización e integración social. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó el uso de programas educativos.
En el plano procesal, se suprimirá la condena en suspenso y se excluirá la suspensión del proceso a prueba para adultos. El plazo de prescripción de la acción se mantendrá en dos años. Esta iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario antes de su eventual sanción.

