Nuevo intento para regular la venta de tierras rurales y salvar el DNU 70/23
El Gobierno de La Libertad Avanza reactivó el debate legislativo sobre la venta de tierras a extranjeros para frenar el rechazo al DNU 70/23. El oficialismo y sus aliados convocaron a un plenario en Diputados para el miércoles 14 a las 16. Allí buscarán tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y evitar una inminente derrota legislativa.
Este movimiento en el Congreso responde a un reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La oposición aprovechó este escenario para convocar a una sesión el jueves 15 de octubre. Su objetivo principal es rechazar el megadecreto que ya había sido desestimado por el Senado en marzo de 2024.
El origen del conflicto en los tribunales se remonta a la demanda impulsada por el CECIM La Plata, la cual fue rechazada al considerar que la organización carecía de legitimidad procesal. Como consecuencia de esta decisión judicial, volvió a quedar operativo el artículo 154 del decreto presidencial, el cual había derogado las restricciones fijadas previamente por la Ley 26.737.
La legislación anterior establecía que la titularidad extranjera de áreas rurales no podía superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental. Ahora, la posibilidad que aparece con mayor fuerza es volver a ese límite. Durante el tratamiento previo en la Cámara alta, Patricia Bullrich había anunciado un tope del 25% que finalmente fue retirado del texto.
La propuesta actual implica un cambio sustancial respecto del plan original del Poder Ejecutivo, que planteaba eliminar por completo las trabas a la compra de campos. Los bloques aliados, que incluyen a sectores del PRO y el MID, reclamaron una salida política para no acompañar la derogación integral que es impulsada fuertemente desde la Cámara baja.
La discusión adquirió una dimensión mayor porque el decreto de necesidad y urgencia contiene un total de 366 artículos que modificaron normas de numerosos sectores. Entre las medidas alcanzadas por la norma se encuentran la Ley de Alquileres, que alteró las condiciones de los contratos de locación, y las diversas regulaciones sobre la medicina prepaga y la economía.
La sesión opositora convocada para el día jueves requiere reunir a 129 diputados para alcanzar el quórum necesario e iniciar formalmente el debate en el recinto. Por este motivo, la convocatoria del día miércoles funciona como una instancia de negociación para ofrecer concesiones sobre tierras y discapacidad, evitando que los legisladores sumen sus votos al rechazo.
El proyecto de ley que llegó a la cámara de origen conserva además otras modificaciones impulsadas en materia de propiedad, como procedimientos más ágiles para desalojos y expropiaciones. También incluye una modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, tras haberse eliminado durante su paso por senadores los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
Si se introducen modificaciones en la iniciativa que se encuentra bajo análisis, el texto deberá regresar a senadores, donde el bloque oficialista ya tuvo un debate complejo y una votación ajustada de 37 votos contra 33 en agosto. Esta paradoja política muestra al oficialismo intentando regular mediante una ley exactamente lo mismo que había buscado eliminar al comienzo de la gestión de Javier Milei.
El escenario parlamentario y judicial de esta normativa continúa abierto y sujeto a nuevas resoluciones en los próximos días de actividad institucional. La Justicia todavía debe resolver un planteo de fondo presentado por la organización Árbol de Pie, mientras que los legisladores definirán si avanzan con el rechazo que reordenó la agenda del Congreso.
