El proyecto de discapacidad del Gobierno podría costar más de $1,2 billones por año
La propuesta del oficialismo para modificar el sistema de pensiones por discapacidad abrió una discusión sobre sus consecuencias en las cuentas públicas. Según un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la iniciativa podría incorporar a 200.000 nuevos beneficiarios y elevar el gasto anual.
El informe fue solicitado por Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en medio de las negociaciones por el proyecto. La iniciativa de La Libertad Avanza busca establecer un régimen permanente de políticas públicas, en lugar de prorrogar la emergencia en discapacidad, que vence a fines de 2026.
Según la OPC, el costo fiscal podría alcanzar los $1.209.567 millones anuales, equivalentes a más de $1,2 billones. Esa cifra corresponde al escenario en el que todos los nuevos beneficiarios perciban la prestación durante 2028.
El organismo también evaluó una incorporación gradual de titulares durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Bajo esa hipótesis, el desembolso llegaría a $598.912 millones, equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI).
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para afrontar mayores gastos en jubilaciones y pensiones. De acuerdo con las estimaciones del organismo, la incorporación progresiva de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos.
En la actualidad, 1.678.715 personas cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, mientras que 435.270 ya reciben una pensión no contributiva por invalidez laboral.
El dictamen oficialista establece que podrán acceder a la prestación quienes acrediten su discapacidad mediante el CUD. También contempla la compatibilidad con el empleo formal y las actividades registradas, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro punto de discusión es la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones. Mientras que inicialmente el oficialismo proponía una revisión trimestral, el bloque libertario sostiene que la actualización será mensual.
Sin embargo, los bloques aliados que firmaron el dictamen en disidencia todavía reclaman precisiones sobre la actualización por inflación, el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas y las partidas presupuestarias destinadas al sector.
La iniciativa también generó diferencias dentro del Gobierno. Desde el Ministerio de Economía trascendió el desacuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre la continuidad del capítulo de ajuste a discapacidad incluido en el Presupuesto 2027.
En paralelo, la Cámara de Diputados prevé tratar el tema el jueves, en una sesión cuyo temario también incluirá el DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la situación de las personas endeudadas.
