Causa del oro: buscan determinar quiénes cobraron comisiones millonarias por las operaciones del BCRA
Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal y reclamó medidas para identificar a las entidades que participaron de los contratos, conocer las posibles comisiones y determinar las responsabilidades por el resultado negativo de US$ 1.023 millones registrado en 2025.
La Justicia deberá analizar nuevos planteos en la causa por las operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal y solicitó una serie de medidas para reconstruir las transacciones, identificar a sus responsables y establecer si existieron beneficios indebidos para las entidades intervinientes.
La presentación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro. Entre los principales reclamos figuran el acceso a los contratos, la revisión de las comunicaciones institucionales y la citación de los cuatro funcionarios a declaración indagatoria.
Los contratos y las entidades financieras, bajo análisis
Uno de los interrogantes que plantea la denuncia es qué entidad actuó como contraparte de las operaciones y bajo qué condiciones se acordaron los contratos. En ese marco, Dalbón pidió investigar la posible participación del Deutsche Bank, mencionada en publicaciones periodísticas que fueron incorporadas a su presentación.
Según esas versiones, las transacciones habrían buscado limitar los riesgos asociados a una eventual caída del precio del oro mediante contratos que establecían valores de ejercicio. Sin embargo, el abogado aclaró que esa modalidad no está acreditada por el informe de auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que será necesario examinar los documentos originales para determinar cómo se instrumentaron las operaciones.
La denuncia también apunta a esclarecer si las entidades financieras cobraron comisiones, honorarios u otros márgenes por su intervención. Dalbón señaló que se difundió públicamente una cifra superior a los US$ 60 millones por esos conceptos, pero pidió que se verifique su existencia, el monto efectivo y la identidad de quienes los habrían percibido.
Otro aspecto que solicita revisar es el procedimiento utilizado para elegir a las contrapartes y los controles aplicados antes de concretar las transacciones. El escrito menciona los antecedentes laborales de Caputo y Bausili en el Deutsche Bank, aunque esa relación previa no constituye por sí sola una prueba de irregularidad.
La auditoría que registró pérdidas por US$ 1.023 millones
El planteo judicial toma como referencia el informe sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la AGN a través de la Resolución 205/2026. El documento consignó un resultado negativo de $1.469.155 millones en las operaciones de opciones financieras cuyo activo subyacente fue el oro.
La cifra equivale a aproximadamente US$ 1.023 millones e incluye US$ 960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas. De acuerdo con la auditoría citada en la denuncia, esas operaciones también implicaron egresos de divisas.
A partir de esos números, Dalbón pidió determinar qué instrumentos se contrataron, cuáles fueron sus condiciones económicas y qué cobertura obtuvo efectivamente el organismo. La investigación también deberá establecer si los precios de ejercicio y los costos asociados fueron razonables y si las transacciones provocaron un perjuicio patrimonial para el Estado.
Qué información busca obtener del Banco Central
Para avanzar sobre esos interrogantes, el abogado solicitó que se allane el BCRA y se secuestren sus servidores y correos institucionales o, alternativamente, que se realice una copia forense de los registros. La medida apunta a preservar la evidencia electrónica y acceder a los documentos que permitirían reconstruir el proceso de negociación y autorización de los contratos.
El requerimiento comprende las comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos. También incluye los intercambios mantenidos durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades vinculadas con las transacciones, además de los registros que permitan identificar accesos y modificaciones de archivos.
Dalbón argumentó que la documentación central para esclarecer los hechos permanece en poder del propio organismo investigado. Por ese motivo, advirtió sobre la necesidad de evitar que los registros puedan ser alterados, ocultados o eliminados. Como alternativa al allanamiento, pidió que una orden judicial obligue al Banco Central a entregar los documentos y garantizar su conservación.
La ampliación también contempla pedidos de información al BCRA y al Deutsche Bank, consultas a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, y cooperación internacional ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Además, reclama una pericia contable y financiera especializada para examinar los contratos, las comisiones y el costo integral de las operaciones.
Las responsabilidades que busca establecer la denuncia
En el apartado dedicado a las posibles responsabilidades penales, Dalbón solicitó que Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro sean citados a declaración indagatoria. El pedido se extiende a otras personas que pudieran quedar involucradas a partir de la documentación y las pruebas que se incorporen a la causa.
La presentación menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También propone investigar una eventual asociación ilícita, siempre que las pruebas permitan acreditar la existencia de una estructura estable destinada a cometer delitos.
El objetivo de las medidas solicitadas es reconstruir la secuencia de decisiones, conocer las condiciones en las que se pactaron las operaciones y determinar si hubo irregularidades en su ejecución. Para el denunciante, resulta necesario esclarecer quiénes eligieron a las contrapartes, cuánto costaron las transacciones y si alguna persona obtuvo una ventaja indebida.
