
La Corte cuestionó la desregulación de las prepagas y devolvió al Estado el control sobre las tarifas
La desregulación de las cuotas de la medicina prepaga recibió un revés judicial. La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, mediante los cuales el Gobierno había eliminado la intervención estatal en los valores de los planes de salud. Como consecuencia, las empresas deberán volver a someter sus modificaciones tarifarias al control de la autoridad competente.
Con esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará la capacidad de analizar los incrementos, fiscalizar su aplicación y autorizar las actualizaciones correspondientes. El pronunciamiento fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye el primer cuestionamiento de constitucionalidad del máximo tribunal contra una disposición del decreto.
El expediente llegó a la Corte después de un reclamo presentado por una afiliada que sufrió una suba del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En aquel momento, el incremento previsto para enero habría sido del 6,26% si se hubiera aplicado la resolución que regía previamente, dictada por el Ministerio de Salud de la Nación.
La resolución también abre un escenario de posibles consecuencias para otros usuarios del sistema. Actualmente, el máximo tribunal tiene cerca de 500 expedientes de características similares pendientes de resolución. A su vez, el criterio adoptado podría incidir en las presentaciones realizadas por afiliados ante distintos tribunales, incluso en aquellas que buscan recuperar importes abonados por los aumentos.
Qué condiciones deberán cumplir los próximos aumentos
La intervención estatal volverá a estar contemplada en las modificaciones de los valores de los servicios de salud. Las empresas deberán justificar sus propuestas tarifarias a partir de los cambios en su estructura de costos y de cálculos actuariales razonables sobre los riesgos.
De todos modos, la sentencia no estableció que las cuotas deban aumentar exclusivamente en función de la inflación. Los jueces dejaron sin efecto el apartado del fallo de la Cámara Federal de La Plata que imponía un límite equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La atribución que recupera el organismo consiste en evaluar y autorizar las subas bajo los criterios establecidos por la normativa.
Por qué la Corte consideró inválida la medida
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para justificar la modificación del régimen. Los magistrados entendieron que las explicaciones incluidas en el DNU no acreditaban las circunstancias extraordinarias necesarias para avanzar sobre una materia que corresponde, en condiciones normales, al Congreso.
En particular, consideraron insuficiente la referencia a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de mejorar su competitividad mediante la liberación de los precios. Para la Corte, tampoco se había demostrado de qué manera la emergencia económica y social invocada justificaba quitarle al Estado sus facultades de supervisión sobre las cuotas.
En sus fundamentos, el tribunal retomó los criterios establecidos en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto, sobre los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia. Además, recordó que las razones de conveniencia del Gobierno no alcanzan para reemplazar el procedimiento legislativo ordinario por una herramienta excepcional.
Finalmente, los jueces precisaron que la declaración de inconstitucionalidad comprende exclusivamente los artículos 267 y 269 del DNU 70/23. Por lo tanto, la decisión no representa un pronunciamiento sobre el resto de las disposiciones que integran el decreto.

