CUARTA MARCHA UNIVERSITARIA: “¿Qué hay que hacer para que se termine la angustia?”, el grito de rectores y docentes en Plaza de Mayo
Miles de estudiantes, docentes y gremios coparon el centro porteño y al menos 15 provincias para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El gasto universitario cayó un 29% desde 2023
“¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine?”, preguntó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ante una multitud que desbordó Plaza de Mayo este martes en la cuarta marcha federal universitaria desde el inicio del Gobierno de Milei.
La convocatoria unió a docentes, estudiantes y sindicatos en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además del acto central en CABA, la protesta se replicó en al menos 15 provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Docentes y estudiantes exhibieron carteles de reclamo durante la Marcha Universitaria en defensa de la educación pública.
El trasfondo del reclamo es contundente: la ejecución real del gasto universitario cayó un 29% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.
El Gobierno y la ley que no cumple
El subsecretario de Universidades Públicas, Alejandro Álvarez, fue categórico el lunes previo: “La única ley que vamos a cumplir es la ley de presupuesto”. Sin embargo, el Ejecutivo lleva cinco meses sin distribuir los fondos comprometidos y la partida asignada es la mitad de lo que pedían los rectores.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las instituciones nacionales y actualizar los salarios al ritmo de la inflación. El Gobierno argumenta que cumplirla requeriría reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
La disputa judicial
El Ejecutivo presentó un recurso federal extraordinario para no aplicar la ley, aceptado por la Justicia. La medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema.
El conflicto se remonta a 2024, con la primera marcha por los gastos de funcionamiento de las universidades. En 2025, la sanción de la ley forzó al Gobierno a reforzar los fondos, pero su aplicación permanece suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
