Andrés Gil Domínguez: “El blanqueo de Adorni no frena la causa por enriquecimiento ilícito”
El vocero presidencial y su esposa ingresaron al régimen de “Inocencia Fiscal” en medio de una fuerte polémica. Sin embargo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez aclaró que esta medida es inconstitucional para funcionarios y no los exime de la investigación penal en curso.
El panorama judicial del vocero presidencial sumó un capítulo de extrema tensión política en las últimas horas. En primer lugar, se conoció que Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeleri, ingresaron al polémico régimen de “Inocencia Fiscal”. Esta normativa permite a los ciudadanos regularizar fondos en negro ante la agencia recaudadora Arca. Por lo tanto, el funcionario buscó extinguir cualquier posible acción legal por evasión tributaria en su contra.
Sin embargo, la medida despertó un fuerte rechazo en el ámbito judicial y constitucional del país. El reconocido abogado Andrés Gil Domínguez brindó una entrevista detallada en Radio Del Plata para analizar el impacto real de la decisión. El especialista afirmó de manera contundente que la presentación del vocero no altera los expedientes de los tribunales de Comodoro Py. El funcionario de gobierno afronta actualmente una denuncia por presunto lavado de dinero.
La inconstitucionalidad del beneficio para la “casta”
Gil Domínguez explicó el funcionamiento técnico de la nueva ley de blanqueo simplificado. El entrevistado detalló que la norma elevó considerablemente los montos mínimos para no considerar evasor a un ciudadano común. De este modo, el Estado pierde la capacidad de perseguir penalmente a los evasores que cumplan ciertos requisitos básicos. El problema principal surge cuando este beneficio llega a la primera línea del poder político actual.
El constitucionalista disparó con dureza contra la redacción de la normativa vigente. “Este régimen no excluye a funcionarios públicos en su grupo familiar, es inconstitucional“, disparó el letrado durante el reportaje radial.
El abogado argumentó que la medida viola la garantía institucional de la ética pública que exige la Constitución Nacional. La Ley de Ética Pública obliga a los integrantes del Estado a detallar todos sus bienes de forma obligatoria.
La inclusión de los miembros del Gobierno en este perdón fiscal generó sospechas inmediatas en la oposición. “Es una excepción totalmente irrazonable a la obligación de la declaración jurada“, sentenció Gil Domínguez con notable indignación.
Una estrategia judicial que no detiene los tribunales
Por otro lado, el foco de la discusión se centró en el futuro de la causa penal que preocupa al entorno de Milei. El vocero presidencial experimentó un crecimiento patrimonial que los denunciantes consideran injustificado en su corto período estatal. Asimismo, la justicia busca determinar si los viajes y las propiedades adquiridas coinciden con los ingresos reales declarados. El ingreso al blanqueo expone que el funcionario manejaba dinero por fuera del circuito legal.
El especialista aclaró que la justicia penal ordinaria continuará con sus tareas de investigación habituales. “Esta presentación no cambia el curso de la investigación sobre Adorni“, ratificó el abogado ante la consulta de los periodistas. Por eso, la fiscalía mantendrá las medidas de prueba para reconstruir el origen de los fondos bajo sospecha. La inocencia fiscal solo perdona el delito tributario ante el fisco, pero no el origen ilícito del dinero.
El letrado diferenció la situación de un empresario privado de la de un miembro activo de la administración pública. “Un funcionario no puede ingresar a un régimen en donde, sin decir de dónde los obtuvo, se blanquea una enorme cantidad de dinero“, resumió.
La caída del discurso de la transparencia oficial
Finalmente, la polémica desató una fuerte ola de críticas en las redes sociales por la contradicción discursiva del Gobierno. El propio Adorni había elogiado la ley en sus cuentas oficiales meses atrás. En este sentido, el analista político consideró que este beneficio fiscal destruye el pacto electoral que la gestión mantenía con sus votantes. El discurso contra los privilegios políticos quedó seriamente dañado tras la filtración de los datos.
La opinión pública reaccionó con malestar ante los detalles de la presentación efectuada ante el organismo recaudador. Como resultado, el equipo de comunicación oficialista evalúa los costos políticos del impacto en la credibilidad del vocero. La batalla judicial apenas comienza y promete nuevos cruces explosivos en las próximas semanas de cara al invierno.
