
La Justicia vuelve a mover causas sensibles para el Gobierno: $LIBRA, Adorni y ANDIS, bajo la lupa
El regreso de la actividad en los tribunales federales tras el receso judicial reabre una serie de expedientes con alto impacto político que mantienen en alerta al Gobierno de Javier Milei. En un contexto marcado por el desgaste político, la tensión con el Congreso y la discusión de proyectos clave para el oficialismo, la agenda judicial vuelve a instalarse como un factor de presión sobre la Casa Rosada.
Las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA, la evolución de la causa patrimonial contra Manuel Adorni y el expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aparecen como los tres procesos con mayor capacidad para condicionar el escenario político durante las próximas semanas.
La causa $LIBRA entra en una etapa decisiva
Uno de los expedientes que retomará impulso es la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, donde el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi continúan reuniendo pruebas para determinar si existieron delitos vinculados con el lanzamiento y la promoción del activo digital.
La primera fecha clave será el 10 de agosto, cuando la Sala I de la Cámara Federal escuche los argumentos de los querellantes que fueron excluidos de la causa y buscan recuperar ese rol.
Los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois, representantes de los damnificados, apelaron la decisión del juez de apartarlos del expediente y sostienen que, sin su participación, la investigación quedaría exclusivamente en manos del fiscal Taiano, cuya actuación cuestionan.

Una Cámara Federal en plena reconfiguración
La resolución llegará en un contexto de cambios dentro de la propia Cámara Federal. Actualmente la Sala I está integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aunque el Gobierno ya impulsa modificaciones en su composición.
Mientras Bertuzzi fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ser confirmado como juez titular, el futuro de Bruglia continúa abierto tras su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La integración definitiva del tribunal podría influir directamente en el rumbo de una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno.
Adorni deberá justificar inconsistencias patrimoniales
Otro expediente que volverá a tomar velocidad es el que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.
Antes del inicio de la feria judicial, la fiscalía de Gerardo Pollicita recibió el informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), documento que permitió cerrar la primera etapa de la pesquisa.
Con esos datos, durante los primeros días de agosto el fiscal requerirá formalmente a Adorni que explique las inconsistencias patrimoniales detectadas.
Si las respuestas no resultan satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia una declaración indagatoria.

Gastos, criptomonedas y movimientos financieros
La causa ya incorporó abundante documentación sobre consumos, movimientos financieros y gastos que, según el expediente, superarían los 400.000 dólares, además de deudas por aproximadamente 335.000 dólares.
Entre las pruebas reunidas aparecen consumos con tarjetas propias y también con plásticos facilitados por funcionarios y personas vinculadas al área de Comunicación del Gobierno.
La fiscalía también recibió información remitida por plataformas de criptomonedas como Binance y Lemon Cash, donde Adorni habría operado.
A eso se suman testimonios considerados relevantes, entre ellos el del contratista Matías Tabas, quien realizó obras en la vivienda de Indio Cuá y cuyo teléfono aportó elementos incorporados a la investigación.
La causa ANDIS espera un peritaje clave
El expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también volverá a cobrar impulso durante agosto.
La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contratos, pago de coimas y retornos vinculados a compras de insumos y medicamentos de alto costo.
Entre los principales imputados figura el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien se negó a entregar muestras de voz para comparar con audios incorporados al expediente.
Frente a esa negativa, el fiscal Franco Picardi solicitó realizar el peritaje utilizando grabaciones públicas.
La medida será ejecutada por especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), bajo coordinación de Gendarmería Nacional, luego de que la feria judicial demorara el inicio de la pericia.

Procesamientos y apelaciones pendientes
El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del expediente, también deberá resolver sobre una nueva tanda de citaciones a indagatoria vinculadas a las supuestas maniobras de corrupción.
En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal deberá analizar las apelaciones presentadas contra los procesamientos dictados anteriormente por el juez Sebastián Casanello, que alcanzaron a Spagnuolo y otros ex funcionarios.
Esa Cámara también atraviesa un proceso de reconfiguración institucional tras la salida de Martín Irurzun, quien cumplió 75 años y dejó una vacante cuya cobertura sigue siendo motivo de discusión.
Un segundo semestre con fuerte presión judicial
La reactivación de estas causas coincide con un momento político complejo para el Gobierno nacional, que enfrenta tensiones legislativas, cuestionamientos internos y una creciente conflictividad social.
Aunque los expedientes avanzan en instancias procesales diferentes, todos comparten un elemento en común: pueden volver a colocar a la Casa Rosada bajo presión judicial en un semestre que ya se anticipa cargado de desafíos políticos e institucionales.

