Colombia endurece las penas por suplantación de identidad con inteligencia artificial: qué resolvió la Corte Constitucional
La Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional el agravamiento de la pena para quienes utilicen inteligencia artificial (IA) con el objetivo de suplantar la identidad de otra persona al cometer el delito de falsedad personal. El fallo avaló una reforma incorporada al Código Penal y consideró que, aunque la legislación no contiene una definición específica de inteligencia artificial, existen parámetros técnicos y jurídicos suficientes para determinar cuándo corresponde aplicar el agravante.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena en la Sentencia C-212/26, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, al analizar una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la modificación introducida por la Ley 2.502 de 2025.
Qué cambia con la reforma
La norma establece que, cuando el delito de falsedad personal se cometa mediante el uso de inteligencia artificial, la multa podrá incrementarse hasta en una tercera parte, siempre que los hechos no configuren otro delito más grave.
La figura penal sanciona a quien, con el propósito de obtener un beneficio o causar un perjuicio, suplante la identidad de otra persona o se atribuya falsamente un nombre, una edad, un estado civil o cualquier otra condición con efectos jurídicos.
El planteo que analizó la Corte
La demanda sostenía que la expresión “inteligencia artificial” era demasiado amplia e imprecisa para integrar una norma penal, ya que el Congreso no había definido con claridad qué tecnologías quedaban comprendidas.
Según el planteo, esa falta de precisión podía vulnerar el principio de legalidad, al impedir que las personas conocieran con certeza cuándo podría aplicarse el agravamiento de la sanción.
La discusión no cuestionaba la posibilidad de castigar con mayor severidad la suplantación mediante herramientas tecnológicas, sino la utilización de un concepto que evoluciona constantemente y carece de una definición legal cerrada.
Por qué la Corte avaló la constitucionalidad
El tribunal reconoció que Colombia aún no cuenta con una definición legal general de inteligencia artificial, pero concluyó que esa ausencia no invalida la norma.
Para los magistrados, el agravante integra un tipo penal abierto, cuyo alcance puede determinarse mediante criterios técnicos y jurídicos objetivos.
En ese sentido, la sentencia sostuvo que una definición rígida de inteligencia artificial podría quedar rápidamente desactualizada debido al acelerado avance tecnológico y “expondría la regulación a una pronta obsolescencia”.
Como referencia, la Corte mencionó documentos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la UNESCO, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, políticas públicas colombianas y antecedentes de la propia jurisprudencia constitucional.
No cualquier uso de IA agravará la pena
El fallo también fijó un límite importante para la aplicación del agravante.
Los jueces señalaron que no basta con utilizar una herramienta de inteligencia artificial, sino que deberá demostrarse que esa tecnología tuvo un papel determinante para facilitar el engaño o hacer más creíble la suplantación de identidad.
De esta manera, quedan excluidos los usos meramente accesorios o incidentales de programas informáticos que no hayan incrementado la capacidad de engañar a terceros.
Los deepfakes, en el centro del debate
La decisión judicial responde al crecimiento de tecnologías capaces de generar textos, imágenes, audios y videos falsificados que imitan con gran precisión la identidad de una persona, conocidos popularmente como deepfakes.
La Corte aclaró, sin embargo, que no está creando una definición judicial de inteligencia artificial, sino que únicamente verificó que el concepto posee una “indeterminación meramente relativa”, suficiente para que los jueces puedan interpretarlo utilizando parámetros técnicos verificables en cada caso.
A partir de ahora, serán los tribunales penales los encargados de analizar, caso por caso, si la tecnología utilizada aumentó efectivamente la verosimilitud de la suplantación, mientras que la Corte Suprema de Justicia de Colombia tendrá la responsabilidad de unificar la interpretación del nuevo agravante.
