Financiamiento universitario: la Justicia volvió a exigirle respuestas al Gobierno
El juez Martín Cormick volvió a exigirle al Gobierno nacional que complete las obligaciones establecidas en la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo no alcanza para demostrar el cumplimiento total de la resolución y le otorgó nuevamente cinco días para avanzar con lo dispuesto.
La decisión abarca la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. El nuevo plazo fue establecido bajo apercibimiento de astreintes, es decir, sanciones económicas ante un eventual incumplimiento.
Uno de los principales puntos analizados por Cormick fue la situación de los salarios. El Gobierno había presentado documentación sobre las negociaciones paritarias y las órdenes de pago realizadas, pero el juez entendió que esos elementos solo permiten hablar de un “cumplimiento parcial” de la cautelar.
El magistrado también cuestionó que no estuviera acreditado que las actualizaciones salariales se hubieran calculado utilizando el mecanismo establecido por la Ley 27.795. Para fundamentar su decisión, tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor del INDEC entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Según la resolución, durante ese período la inflación acumulada llegó al 312,19%. Cormick sostuvo que “no se advierte de las propias respuestas de la parte demandada que se haya alcanzado dicho incremento”.
El Ejecutivo, en cambio, había informado ante la Justicia que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8%. También señaló que había vuelto a convocar a negociaciones paritarias y presentado una propuesta adicional del 3%.
La discusión judicial también incluye las becas estudiantiles. Cormick sostuvo que el Gobierno tampoco demostró haber cumplido con la recomposición de todos los programas contemplados en el artículo 6 de la ley, que establece que deben actualizarse de acuerdo con la inflación acumulada.
En su informe, el Ejecutivo había informado medidas relacionadas con la Beca Manuel Belgrano. La representación del Estado sostuvo que Progresar y Enfermería no quedaban comprendidas dentro del régimen previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. El juez rechazó esa interpretación y consideró que lo presentado tampoco resulta suficiente para cumplir con la cautelar.
El Gobierno no podrá llevar la apelación a la Cámara por ahora
Además de pedir que se dejara sin efecto la intimación anterior, el Gobierno había planteado una apelación subsidiaria para que la discusión pudiera llegar a la Cámara de Apelaciones si Cormick rechazaba su planteo.
El magistrado decidió no conceder ese recurso en esta instancia. Según explicó, las sanciones económicas previstas por un eventual incumplimiento todavía no fueron aplicadas, por lo que no existe actualmente un agravio concreto que permita habilitar la apelación.
La resolución se conoció mientras las universidades públicas nacionales atraviesan un nuevo conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Este miércoles comenzó un paro docente de 72 horas, con reclamos vinculados con los salarios y el financiamiento.
La medida cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y la resolución quedó firme, mientras continúa la discusión sobre el fondo del expediente.
