Javier Alonso cuestionó la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la forma en que se plantea la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que en el territorio bonaerense los menores que cometen delitos graves ya son derivados a institutos. Además, sostuvo que la nueva ley nacional contempla partidas presupuestarias que, según afirmó, todavía no fueron transferidas. Así lo explicó hoy en diálogo con Rolando Graña, en RPM.
Alonso remarcó que la provincia cuenta desde 2009 con un régimen penal juvenil que permite intervenir ante delitos cometidos por menores de distintas edades. Según detalló, actualmente hay más de 700 jóvenes en institutos y alrededor de 100 tienen menos de 16 años. También señaló que el año pasado fueron puestos a disposición de la Justicia más de 40 menores de 12 años por hechos con armas de fuego.
El funcionario también destacó el funcionamiento del programa Entramados, mediante el cual, según explicó, más de 8.800 menores de 16 años son monitoreados por el sistema de niñez bonaerense. Alonso sostuvo que la Provincia invirtió más de 12.000 millones de pesos en ese esquema y afirmó que permitió reducir la participación de menores en delitos con armas de fuego.
En ese sentido, explicó que el seguimiento contempla la intervención de equipos especializados, la evaluación de las familias y la elaboración de informes para que los jueces de menores determinen qué estrategia corresponde en cada caso. Entre las alternativas mencionó el encierro, medidas morigeradas, instancias de justicia restaurativa o la separación del menor de su familia cuando considera que ese entorno resulta perjudicial.
Alonso defendió además la utilización de mecanismos de justicia restaurativa para hechos menores y sostuvo que no se trata de una alternativa destinada a casos de homicidio o delitos violentos. Según explicó, el objetivo es abordar conflictos y situaciones de violencia que requieren una intervención que contemple también el ámbito familiar, escolar o institucional.
Por otra parte, el ministro bonaerense apuntó contra la falta de fondos nacionales para implementar la nueva legislación. Afirmó que el artículo 50 establece partidas presupuestarias específicas para crear cargos de jueces, fiscales, defensores, equipos interdisciplinarios y nuevos institutos, pero sostuvo que esos recursos “nunca llegaron”.
Alonso también vinculó esa situación con las condiciones del sistema penitenciario bonaerense y señaló que la Provincia necesita recursos para ampliar tanto las cárceles como los institutos de menores. En ese marco, afirmó que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de 60.000 millones de pesos destinada a la construcción de unidades carcelarias que, según indicó, habían sido comprometidas.
Respecto del fallo que suspendió durante 90 días la aplicación de la nueva normativa, Alonso explicó que el 16 de septiembre mantendrán una reunión con la jueza que intervino en el caso. Aclaró que, mientras tanto, la Provincia continúa trabajando bajo el régimen vigente y que los menores detenidos son puestos a disposición de la Justicia.
Alonso señaló que uno de los problemas que afecta la capacidad de los institutos es la permanencia de personas que ya superaron los 18 años. Según indicó, más de 350 internos mayores de edad continúan alojados en institutos de menores y consideró que su traslado al sistema penitenciario de adultos permitiría liberar cupos. También destacó la inauguración de un instituto modelo con 100 plazas.
Escuchá la nota completa: https://youtu.be/M_ji8diaslA?si=ee8ZGjJI11QGzxDr
