La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón
El tribunal también ratificó el embargo de $5 millones contra el dirigente y el procesamiento de Valentín Peralta. Además, rechazó la intervención del CELS como amicus curiae.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. Los jueces Mariano Llorens, Pablo “Cacho” Bertuzzi y Pablo Yadarola ratificaron la decisión del juez Sebastián Ramos, quien le atribuyó los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad y dispuso un embargo de $5.000.000.
La resolución también alcanzó al militante Valentín Peralta, cuyo procesamiento fue confirmado por los mismos delitos, con un embargo fijado en $1.000.000. El tribunal sostuvo que Grabois ingresó al edificio ubicado en Austria 2593/2601, en Recoleta, donde funcionaba el Instituto hasta su cierre mediante el Decreto 346/25.
El rol de Grabois durante la toma
Los camaristas remarcaron que el dirigente había difundido el 6 de junio, a través de X e Instagram, una convocatoria para concurrir al día siguiente al edificio. El flyer utilizado para llamar a la movilización llevaba la consigna: “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un café con Perón’”.
De acuerdo con la resolución, los testimonios policiales y las grabaciones incorporadas al expediente “resultan contestes en posicionarlo a la cabeza del grupo que ingresó indebidamente a un inmueble del Estado”. Los jueces también señalaron que se produjeron daños y que los manifestantes permanecieron en el lugar pese a las órdenes de las autoridades.
Según la Cámara, frente al pedido policial de desalojo, Grabois indicó a los manifestantes que subieran al patio del inmueble mientras él permanecía allí “bajo el amparo de su profesión de abogado”.
Qué respondió la Cámara al planteo de la defensa
Los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi cuestionaron el procesamiento y sostuvieron que la responsabilidad atribuida a Grabois estaba vinculada con su condición pública y política. Sin embargo, los camaristas rechazaron ese planteo y señalaron que la imputación se basa en los hechos investigados.
“El disvalor de la acción de Grabois no se funda en su condición de funcionario público o abogado, sino en los hechos que se le imputan”, indicaron. A su vez, consideraron que esas condiciones “evidencian un desapego a la norma aún mayor por provenir de una figura especialmente llamada a respetarla”.
En ese sentido, los jueces remarcaron que su condición de abogado y funcionario “no lo exime del cumplimiento de una orden legítima”.
La causa continúa bajo la misma calificación
La Cámara confirmó por el momento los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación más adelante. El fiscal, que no había apelado los procesamientos, había planteado otras figuras: usurpación, daño y atentado contra la autoridad. En el caso de Peralta, además, había incorporado lesiones.
El tribunal también consideró adecuados los montos de los embargos y le encomendó al juez de primera instancia resolver el pedido de la defensa de Peralta para que la causa pase a la justicia ordinaria. La querella está a cargo del Ministerio de Capital Humano.
Por otra parte, la Cámara rechazó la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había solicitado intervenir como amicus curiae. Los jueces consideraron que la participación no contaba con una justificación adecuada y que los hechos investigados no presentaban una complejidad que hiciera necesaria su intervención.
