La Corte Suprema analizará el reclamo de Kicillof por los fondos para el transporte bonaerense
La disputa por el financiamiento del transporte público en la provincia de Buenos Aires llegó a la Corte Suprema, que aceptó intervenir en el conflicto entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno nacional por la eliminación de los subsidios.
La decisión habilita al máximo tribunal a analizar el planteo bonaerense contra la Nación y establece un plazo de 60 días para que el Estado nacional presente su respuesta. El reclamo busca cuestionar la quita de los fondos destinados al sistema de transporte provincial.
Qué reclama la Provincia
La presentación judicial apunta a que se declare inconstitucional la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, creado para financiar los servicios de colectivos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde la administración bonaerense sostuvieron que durante 2024 no recibieron transferencias y reclamaron los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, además de los intereses. También solicitaron que se ordene el pago de esas sumas.
El reclamo fue presentado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez. La Provincia argumentó que la eliminación del fondo afectó el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal en la relación entre la Nación y las jurisdicciones provinciales.
Cuándo se eliminó el fondo de compensación
El conflicto comenzó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes destinados a financiar el transporte público del interior. Días después, la decisión quedó formalizada mediante el artículo 18 del DNU 280/2024.
Buenos Aires cuestionó esa medida al considerar que el mecanismo de financiamiento continuaba vigente. Para sostener su posición, señaló que había sido prorrogado durante 2023 y extendido para 2024.
La Provincia también sostuvo que la eliminación de las compensaciones tuvo impacto sobre los usuarios de los municipios que recibían esos recursos y derivó en aumentos de las tarifas del transporte urbano y suburbano.
La resolución de la Corte lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Una vez que la Nación presente su contestación o venza el plazo establecido, los magistrados evaluarán si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Buenos Aires.
