La OIT le reclamó al Gobierno de Milei fortalecer la inspección laboral y garantizar el diálogo social
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió este miércoles sus conclusiones sobre el caso argentino tras varios días de debate en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra. El organismo internacional expresó su preocupación por el funcionamiento del sistema de inspección laboral y reclamó al Gobierno de Javier Milei medidas concretas para fortalecer las capacidades del Estado y garantizar el diálogo social.
Argentina había sido incorporada este año al listado de casos individuales analizados por la Comisión de Aplicación de Normas a partir de denuncias impulsadas por la CGT, las CTA, ATE y otras organizaciones sindicales, vinculadas al deterioro de las estructuras laborales del Estado y la pérdida de capacidad de fiscalización.
Qué le pidió la OIT a la Argentina
Tras escuchar las exposiciones de representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, la Comisión emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado argentino.
Entre ellas, pidió:
- Fortalecer los mecanismos de diálogo social y garantizar consultas efectivas con sindicatos y cámaras empresariales.
- Reforzar la administración laboral y las capacidades institucionales del área.
- Presentar información detallada sobre el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo.
- Evaluar la utilización de asistencia técnica de la propia OIT para mejorar los mecanismos de control.
La preocupación por la inspección laboral
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los recursos destinados a la fiscalización.
La Comisión solicitó precisiones sobre:
- La cantidad de inspectores disponibles.
- Su distribución territorial.
- Los recursos humanos, operativos y financieros asignados.
- Las herramientas con las que cuentan para desarrollar sus tareas.
El objetivo es determinar si el sistema actual posee capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral en todo el país.
Coordinación entre Nación y provincias
La OIT también recomendó avanzar en una mayor articulación entre las autoridades nacionales y provinciales encargadas de la inspección y administración del trabajo.
El organismo consideró necesario fortalecer esos mecanismos para asegurar una aplicación homogénea de las normas laborales y mejorar la protección de los trabajadores.
El diálogo social como obligación internacional
Otro de los puntos destacados fue el llamado a garantizar instancias reales de consulta antes de impulsar reformas laborales de relevancia.
La Comisión recordó que el diálogo social forma parte de los compromisos asumidos por Argentina a través de los convenios internacionales ratificados y advirtió sobre la importancia de que sindicatos y empleadores participen de manera sustantiva en esos procesos.
El señalamiento cobra especial relevancia luego de la reglamentación de aspectos centrales de la reforma laboral mediante los decretos 406, 407, 408 y 409, dictados por el Gobierno en la previa del inicio de la conferencia.
Un caso impulsado por las denuncias sindicales
Las conclusiones conocidas en Ginebra son el resultado de un proceso iniciado a partir de presentaciones realizadas por centrales sindicales argentinas ante los órganos de control de la OIT.
Las organizaciones denunciaron la degradación institucional del ex Ministerio de Trabajo, la reducción de estructuras estatales y el debilitamiento de organismos tripartitos dedicados a la fiscalización y administración laboral.
Esos planteos fueron retomados durante las sesiones de la Comisión de Aplicación de Normas, donde representantes sindicales expusieron sobre el impacto de las políticas implementadas desde la llegada de Javier Milei al poder.
La ausencia de Julio Cordero
El tratamiento del caso argentino estuvo atravesado además por la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, una situación que generó comentarios entre observadores internacionales debido a que el país debía responder cuestionamientos vinculados directamente con el área bajo su responsabilidad.
El Gobierno deberá responder antes de septiembre
La Comisión fijó el 1° de septiembre de 2026 como fecha límite para que el Estado argentino informe las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas.
Hasta entonces, el caso argentino continuará bajo seguimiento de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
