Ni el rechazo de Milei ni el mensaje del Papa: el Gobierno no impulsará la derogación del aborto
La posibilidad de eliminar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no forma parte de los planes inmediatos del Gobierno. Aunque Javier Milei volvió a manifestar públicamente su rechazo a la normativa y el papa León XIV dejó un mensaje en defensa de la vida durante su visita a la Argentina, el oficialismo resolvió no trasladar esa discusión al Congreso.
La determinación está vinculada con una estrategia política que busca evitar nuevos conflictos en un escenario electoral que tendrá como horizonte las elecciones presidenciales de 2027. En la Casa Rosada consideran que impulsar la derogación podría generar un desgaste innecesario y afectar las posibilidades de La Libertad Avanza, especialmente ante la falta de un consenso social que respalde una nueva discusión sobre el tema.
El Ejecutivo también busca evitar que la cuestión interfiera con uno de sus principales proyectos legislativos: la reforma del Código Penal. Por ese motivo, la iniciativa que preparan los equipos técnicos apunta a modificar disposiciones específicas de la legislación vigente, sin avanzar sobre el régimen que regula el acceso al aborto.
La diferencia no es menor. La Ley 27.610 introdujo cambios en el Código Penal para adecuarlo a las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Una revisión integral de ese cuerpo normativo podría volver a poner esos artículos en discusión, incluso si el objetivo inicial fuera modificar otros aspectos. Por eso, la Casa Rosada pretende limitar el alcance de la reforma.
El posicionamiento del Gobierno se conoció después de la intervención de León XIV en el Palacio Libertad. Frente a Milei y a dirigentes de distintos espacios políticos, el pontífice defendió la protección de la vida desde sus primeros instantes y pidió reconocer la dignidad de quienes todavía no nacieron.
Sin embargo, en el Ejecutivo no interpretaron esas palabras como una señal que obligue al Presidente a tomar medidas sobre la legislación argentina. La lectura oficial es que se trató de una definición vinculada con la doctrina de la Iglesia y con una agenda más amplia que incluyó referencias al trabajo, la pobreza, la educación, la discapacidad y el funcionamiento de las instituciones.
Las diferencias entre el discurso presidencial y la decisión legislativa también quedaron expuestas a partir de los cuestionamientos que Milei había realizado en agosto. Durante su participación en el Council of the Americas, el mandatario responsabilizó a la legalización del aborto por parte de la caída de los nacimientos en el país y lanzó una crítica contra quienes promovieron la norma: “Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”.
Los registros oficiales, no obstante, muestran que la reducción de la natalidad ya estaba en marcha antes de la aprobación de la Ley 27.610. En 2014 se habían registrado 777.012 nacidos vivos, mientras que en 2020 la cifra descendió a 533.299. La tendencia continuó en los años posteriores: durante 2024 hubo 413.135 nacimientos y los datos parciales correspondientes a 2025 contabilizaron 401.245.
En medio de este escenario, Victoria Villarruel también marcó diferencias con la conducción del Ejecutivo. La vicepresidenta cuestionó que la administración libertaria no haya promovido la derogación de la ley y defendió el concepto de justicia social, presente en la doctrina católica y rechazado públicamente por el Presidente.
Por el momento, la normativa continúa garantizando el acceso al aborto hasta la semana 14 inclusive. Después de ese período, la práctica está permitida cuando el embarazo es consecuencia de una violación o cuando existe riesgo para la vida o la salud integral de la persona gestante. Cualquier modificación de esas condiciones requiere una nueva intervención del Congreso.
Mientras tanto, Juan Bautista Mahiques, al frente del Ministerio de Justicia, y María Ibarzabal Murphy, desde la Secretaría Legal y Técnica, trabajan en los últimos detalles de la reforma penal. El proyecto contempla un endurecimiento de las penas y cambios en delitos vinculados con robos, entraderas, salideras, narcotráfico, fraudes y hechos contra menores. También se analizan modificaciones sobre legítima defensa y prescripción.
El oficialismo pretende que esa iniciativa se convierta en uno de los ejes de su agenda parlamentaria y que la discusión quede concentrada en materia de seguridad. Con el Presupuesto 2027 entre las prioridades y el cierre del período ordinario previsto para el 30 de noviembre, el Gobierno busca definir el texto antes de fin de año.
Así, pese a las diferencias que existen entre las posiciones públicas de Milei, el mensaje del pontífice y los reclamos de otros sectores políticos, la Casa Rosada mantiene una decisión: no impulsar por ahora la derogación de la ley y evitar que el aborto vuelva a ocupar el centro de la discusión legislativa.
