“Es el corazón de la reforma”: Ley de Tierras en el Senado, el oficialismo ratifica la eliminación de los límites a la compra por parte de extranjeros
El receso legislativo en el Congreso de la Nación no frenó las febriles conversaciones políticas sobre la Ley de Tierras en el Senado. La bancada de La Libertad Avanza focaliza toda su energía en negociar los apoyos necesarios para llevar al recinto, el próximo 6 de agosto, el polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La atención principal del presidente Javier Milei y de la Casa Rosada está puesta en preservar intacto el capítulo que elimina las restricciones a la extranjerización de campos rurales, un punto que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, definió como el corazón de la reforma.
A pesar de que el intento por aprobar esta desregulación ya naufragó en cuatro oportunidades en el Senado, la conducción oficialista descartó de plano la posibilidad de aplicar giros sustanciales en el texto. Tras una reunión clave entre Bullrich y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se acordó mantener la redacción consensuada que otorga una mirada más federal al uso del suelo, permitiendo que las provincias fijen sus propias normas complementarias pero sin alterar el objetivo de liberar el tope que rige desde 2011.
“El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, aseguró Bullrich.
La desconfianza de los aliados y la Ley de Tierras para extranjeros
La insistencia del Poder Ejecutivo choca de frente con la cautela de los bloques dialoguistas. Diversos senadores expresaron en reserva el temor de que votar a favor de la venta irrestricta de hectáreas a capitales foráneos los exponga a un fuerte costo político en sus distritos. Al mismo tiempo, muchos legisladores condicionan su voto al resultado de las negociaciones que sus respectivos gobernadores llevan adelante con el Gobierno nacional en materia de giros de fondos e infraestructura.
Para comprender qué está en juego detrás de esta discusión, un informe elaborado por el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires aporta datos reveladores basados en registros oficiales. A nivel nacional existen actualmente 13 millones de hectáreas en poder de firmas o ciudadanos extranjeros, lo que representa un 5% de la superficie total del país y se ubica por debajo del límite general del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la distribución es profundamente desigual cuando se analiza el mapa por departamentos.
En 36 jurisdicciones del país ya se superó holgadamente ese techo legal. El caso más extremo se registra en el departamento de Lácar, en la provincia de Neuquén, donde el 54% del suelo se encuentra en manos de dueños extranjeros. Analistas e investigadores advierten que la intención del Gobierno apunta a eliminar los topes justamente para habilitar nuevas inversiones en esas zonas estratégicas, ricas en recursos naturales, agua dulce y minerales, donde la legislación actual prohíbe seguir vendiendo. Además, especialistas señalan que las cifras oficiales constituyen apenas un piso, ya que existe un retraso considerable en las auditorías a los catastros provinciales y no se contabilizan los esquemas de arrendamiento o concesión a largo plazo que utilizan firmas internacionales.
Tensiones provinciales y un poroteo con final abierto
El escenario dentro del recinto refleja con claridad las fracturas que provoca el proyecto hacia el interior de las provincias. Un ejemplo claro de esta tensión ocurre en Misiones, donde la postura frente a la ley reavivó la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el dirigente Carlos Rovira. Mientras el mandatario provincial rechaza la desregulación por temor a perder el control sobre las reservas de agua y la biodiversidad en una provincia rodeada por fronteras internacionales, la estructura alineada con Rovira se muestra dispuesta a acompañar la iniciativa de la Casa Rosada.
Passalacqua se opone a la Ley de Tierras, argumentando que en el 90% de los límites provinciales son frontera con Brasil y Paraguay y el temor es perder reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.
Frente a esta encrucijada, los representantes misioneros en la Cámara Alta estudian una estrategia intermedia que consiste en dar quórum y votar a favor de la ley en general para cumplir con el Gobierno nacional, pero rechazar el capítulo específico que desregula la propiedad de la tierra para resguardar la posición del gobernador. Con este tipo de negociaciones de último momento y un conteo de votos que permanece abierto,
