Crece la tensión bilateral por Malvinas: qué hay detrás de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas
A pesar de los recientes gestos de acercamiento entre el presidente Javier Milei y su par José Antonio Kast, la relación bilateral entre la Argentina y Chile vuelve a estar atravesada por tensión y desconfianza. El foco del conflicto a raíz de la reapertura de una ruta comercial marítima directa entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El desencadenante de la tensión es el anuncio del primer viaje del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island. La embarcación tiene previsto zarpar en noviembre para abastecer de mercadería a los habitantes de las islas y restablecer un servicio regular con Puerto Argentino. La empresa confirmó que el trayecto se realizará exclusivamente a través del Estrecho de Magallanes, amparándose en el estricto cumplimiento del derecho internacional.
Interceptación, tratados y posiciones cruzadas
La noticia encendió las alarmas de la inteligencia chilena, que calificó como un posible “evento crítico” la eventual interceptación del buque mercante por parte de fuerzas argentinas una vez que abandone el Estrecho. Aunque desde Buenos Aires no hubo anuncios oficiales al respecto, el marco legal que daría sustento a una medida de este tipo es el Decreto 256/2010, que exige autorización previa a todo barco que atraviese aguas jurisdiccionales argentinas con destino a las islas.
Sin embargo, especialistas en derecho marítimo son categóricos al señalar que una interceptación carece de sustento jurídico de fondo, ya que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 consagra la libre navegación. Los expertos interpretan que el posicionamiento del gobierno argentino es estrictamente diplomático: no busca interrumpir físicamente el paso del buque, sino presionar para que los países vecinos no presten apoyo logístico a las empresas británicas (Navitas y Rockhopper) que buscan extraer petróleo en Malvinas a través del proyecto Sea Lion.
La presión diplomática y el reclamo de los legisladores
La estrategia de presión se intensificó en los últimos días desde diversos frentes. Por un lado, un grupo de legisladores nacionales de la oposición envió una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar formalmente que impidan que sus infraestructuras sean utilizadas para facilitar las actividades de empresas extractivistas en el Atlántico Sur. “Ningún país latinoamericano debería convertirse en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial”, reza el documento.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno endureció el tono durante una reciente cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ante la mirada atenta de los embajadores de Chile y el Reino Unido, el funcionario advirtió que la postura que adopte cada nación vecina frente a la causa Malvinas “definirá la profundidad del vínculo bilateral”, dejando en claro que el gobierno libertario monitorea de cerca cada movimiento logístico y comercial en la región más austral del continente.
