PyMEs primero: impulsan una ley para sacarles beneficios millonarios a las grandes empresas
Menos beneficios para las grandes compañías y más alivio fiscal para las PyMEs. Ese es el eje de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que busca modificar la Ley de Economía del Conocimiento y cambiar el reparto de los incentivos que otorga el Estado a las empresas tecnológicas y de otros sectores vinculados a la innovación.
La iniciativa lleva la firma del diputado nacional neuquino Pablo Todero, de Unión por la Patria, junto con Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Nicolás Trotta, Adriana Serquis, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho, Jorge Araujo Hernández, Abelardo Ferrán, Carlos Castagneto, Jorge Chica, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Varinia Marín y Cristian Andino. El proyecto propone excluir del régimen a las grandes empresas privadas y mantener los beneficios para las micro, pequeñas y medianas compañías. También contempla una excepción para las cooperativas y las grandes empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente al Estado nacional, provincial o municipal.
El cambio puede tener un impacto directo sobre un sector clave para el empleo. Según los fundamentos del proyecto, las PyMEs encuentran mayores dificultades para conseguir financiamiento, sostener puestos de trabajo e invertir, mientras que las grandes compañías concentran una parte importante de los beneficios fiscales.
El dato que puso bajo la lupa los beneficios
Los números incluidos en el proyecto muestran la diferencia. Durante 2025, 784 empresas recibieron beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y solo 78 eran grandes compañías.
Sin embargo, esas grandes empresas, que representaban cerca del 10% de las beneficiarias, recibieron $72.302 millones de los $125.168 millones distribuidos mediante bonos fiscales. Es decir, concentraron el 57% del total.
Además, el proyecto señala que el Registro Nacional de Beneficiarios contaba, al 12 de mayo de 2026, con 1.038 empresas: 615 micro, 277 pequeñas, 49 medianas y 97 grandes.
“Con los años, la aplicación de la ley terminó tomando el camino inverso y se convirtió en una caja de ahorro fiscal para unos pocos”, sostuvo Todero.
Qué cambiaría para las PyMEs
Uno de los puntos centrales pasa por el Impuesto a las Ganancias. La propuesta establece beneficios diferentes según el tamaño de cada compañía.
Las microempresas tendrían una reducción del 100% del impuesto correspondiente a las actividades promovidas. Para las pequeñas empresas, el beneficio alcanzaría el 75%, mientras que las medianas accederían a una reducción del 50%.
Las grandes empresas que puedan permanecer dentro del régimen por las excepciones previstas tendrían una reducción del 20%.
“Las exenciones impositivas deben ser una herramienta de apoyo para los que recién empiezan o para quienes invierten en el desarrollo del país, no un privilegio permanente para los que ya ganaron el mercado”, afirmó el legislador.
Por qué el proyecto apunta al empleo y a la economía cotidiana
La discusión no queda limitada a los impuestos que pagan las empresas. El proyecto plantea redireccionar recursos hacia compañías más chicas con el objetivo de favorecer la inversión y el sostenimiento del empleo.
Para una pequeña firma tecnológica, según argumenta la iniciativa, un beneficio fiscal puede marcar la diferencia a la hora de pagar salarios, contratar trabajadores, invertir o mantenerse en actividad.
El texto incluso compara esa situación con la de grandes multinacionales que poseen acceso a mercados internacionales y capacidad financiera propia.
“Tenemos que direccionar los esfuerzos del Estado para que vayan a donde realmente se necesitan: las PyMEs”, planteó Todero.
Las empresas tendrán que cumplir más condiciones
El proyecto también endurece las condiciones para acceder y mantenerse dentro del régimen.
Las empresas deberán acreditar requisitos relacionados con capacitación de trabajadores, investigación y desarrollo, exportaciones y calidad de productos, servicios o procesos.
Además, tendrán que revalidar cada dos años su permanencia y demostrar, entre otros puntos, que mantienen o aumentan su nómina de personal respecto del momento en el que solicitaron la inscripción.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, por lo tanto, los incentivos no dependerán únicamente de pertenecer a un sector promovido: las empresas también deberán demostrar determinados compromisos de inversión y empleo.
Qué grandes empresas conservarían los beneficios
La propuesta establece una excepción para las cooperativas y las grandes compañías con participación estatal mayoritaria.
En los fundamentos aparecen como ejemplos INVAP, Y-TEC, VENG y Nación Servicios, por su participación en áreas consideradas estratégicas, como tecnología nuclear, desarrollo satelital, biotecnología e infraestructura digital.
Todero resumió el objetivo de la iniciativa con una definición: “Si el Estado resigna recursos, debe hacerlo para generar desarrollo, empleo y soberanía tecnológica, no para incrementar las utilidades de empresas que ya son altamente rentables”.
Ahora, el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario. Hasta que el Congreso no lo apruebe, los cambios propuestos no entrarán en vigencia.
4034-D-2026 – Modificación Economía Del Conocimiento by fgcronica
