Nuevo amparo judicial y presión en el Congreso para frenar la venta de tierras a extranjeros
Hoy los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar en la Justicia para suspender la venta ilimitada de tierras rurales a extranjeros. Buscan frenar el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras. En paralelo, las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados procuran reunir quórum para una sesión especial el 15 de octubre. El objetivo legislativo es rechazar el decreto luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara indirectamente su vigencia.
La disputa judicial nació por un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En marzo de 2024, los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata declararon inconstitucional la derogación. Sin embargo, el 29 de septiembre el máximo tribunal revocó la sentencia por falta de legitimación del organismo demandante para accionar. A raíz de este fallo, los legisladores de Encuentro Federal advirtieron que ya no rigen los límites para adquirir inmuebles ribereños.
El nuevo escrito recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, del juez Enrique Alonso Regueira. Allí se argumenta que la tierra y los cuerpos de agua permanentes son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables. Por su parte, la sesión parlamentaria convocada cuenta con las firmas de Germán Martínez por UxP, Martín Lousteau por Provincias Unidas, y Myriam Bregman por el Frente de Izquierda. También rubricaron Jorge Fernández de Primero San Luis, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Mónica Frade de la Coalición Cívica.
El sector opositor cuenta hoy con unos 122 votos y necesita 129 para poder iniciar formalmente el debate en el recinto. Se sumará Marcela Pagano de Coherencia, además de Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge, junto a cinco radicales críticos que confirmaron asistencia. La mirada está puesta en Argentina Federal, bloque vinculado al MID y a los mandatarios provinciales, cuyos apoyos resultan decisivos. Los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz apoyarían el debate sobre discapacidad y tierras, aunque aguardan directivas del gobernador Hugo Passalacqua.
Los legisladores salteños Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes se muestran cautos y esperarán a que regrese su gobernador. Las definiciones llegarán cuando Gustavo Sáenz vuelva de un viaje por Francia junto al Presidente. A su vez, el diputado Maximiliano Ferraro convocó a una movilización. En tanto, Agustín Rossi adelantó un proyecto de ley para evitar la extranjerización territorial, acusando a Milei y Luis Caputo de entregar el país. Alertó que con 350.000 dólares cualquier foráneo puede comprar fronteras sin autorización previa, poniendo en riesgo la pertenencia nacional.
En la Cámara Alta, los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un texto para anular la medida gubernamental. Afirmaron que proteger el territorio constituye una premisa ineludible para garantizar el Régimen de Protección al Dominio Nacional. Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, avaló la viabilidad de la estrategia parlamentaria actual. Explicó a TN que, si bien la Ley 26.122 impide rechazar partes de un decreto, el parlamento puede emitir autónomamente una ley derogatoria.
La legislación original sancionada en diciembre de 2011, identificada en su momento como Ley 26.737, prohibía que foráneos posean más del 15% nacional. Además, impedía que un mismo titular internacional pudiera adueñarse de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
