La Justicia puso la lupa sobre una licitación de Karina Milei para la Rosada y Olivos
La Justicia federal puso bajo análisis una licitación impulsada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para el mantenimiento de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
El fiscal federal Ramiro González solicitó al Gobierno nacional la entrega completa del expediente administrativo vinculado al proceso licitatorio, como paso previo para definir si corresponde abrir una investigación penal.
La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes en la residencia presidencial de Olivos y en la sede del Poder Ejecutivo nacional.
Según trascendió, el fiscal busca determinar si existieron irregularidades en el procedimiento y aclaró que, antes de impulsar formalmente una causa penal, necesita conocer el estado actual de la licitación.
“Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, sostuvo González.
La sospecha judicial apunta a la posible existencia de una competencia simulada entre empresas oferentes.
De acuerdo con el planteo del fiscal, las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA se habrían presentado como competidoras pese a integrar un mismo grupo económico.
La observación surge a partir de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que concluyó que ambas compañías mantienen vínculos societarios.
“Se cuestiona que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”, señala el requerimiento judicial.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, hoy enfrentada políticamente con La Libertad Avanza.
En la presentación judicial, la legisladora apuntó directamente contra Karina Milei y denunció posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La licitación investigada corresponde al expediente N° 23-0005-LPU26, convocado por la Secretaría General de la Presidencia.
Por el momento, la Justicia no abrió formalmente una causa penal, aunque el pedido del expediente marca el inicio de una etapa de revisión sobre el procedimiento administrativo impulsado desde el entorno más cercano al presidente Javier Milei.
