Malvinas: el Gobierno denunció a cinco petroleras piratas y la causa cayó con Julián Ercolini
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py contra cinco empresas petroleras por llevar adelante tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas.
Tras el sorteo judicial correspondiente, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal 12, fuero que actualmente se encuentra bajo la subrogancia del juez Julián Ercolini.
La presentación formal fue rubricada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, junto con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Violación a la ley de hidrocarburos y afectación de la soberanía
La acción judicial apunta a sancionar el accionar de Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
Según el escrito oficial difundido por la Casa Rosada, las firmas operan con licencias otorgadas unilateralmente por Gran Bretaña en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo sostiene que estas maniobras violan de manera directa las disposiciones establecidas en la Ley 26.659, normativa que resguarda los recursos naturales en la plataforma continental argentina.
Además, la demanda no solo alcanza a los sellos corporativos, sino que extiende la responsabilidad penal a sus accionistas, directores, gerentes, síndicos y representantes legales.
El proyecto Sea Lion en el foco del conflicto en el Atlántico Sur
El eje de la controversia judicial se centra en el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas al archipiélago.
En dicho emprendimiento, la firma Navitas Petroleum figura como la operadora principal con participación mayoritaria, secundada por la británica Rockhopper Exploration.
Desde el Gabinete nacional remarcaron que la extracción de recursos energéticos sin el aval de la República Argentina representa una grave afectación a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Por ese motivo, el Estado argentino ratificó que impulsará todas las medidas administrativas y penales necesarias para frenar la usurpación de los yacimientos en el Atlántico Sur.
Plan de infraestructura y la orden presupuestaria de Milei
De manera paralela a la demanda radicada en Comodoro Py, el presidente Javier Milei decidió reforzar la presencia estatal en el extremo austral del país.
El jefe de Estado le encomendó al ministro de Economía, Luis Caputo, priorizar en la elaboración del Presupuesto las partidas asignadas a la Base Naval Integrada Ushuaia.
La meta del Gabinete es incorporar los fondos para este proyecto estratégico antes del 15 de septiembre, fecha fijada para el ingreso de la ley de leyes al Congreso de la Nación.
De esta forma, la gestión nacional busca combinar el accionar penal en los tribunales con el equipamiento de seguridad para blindar la postura soberana sobre la plataforma marítima.
