Revés judicial para el intento de suspender la venta de tierras a extranjeros
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Enrique Alonso Regueira, rechazó una medida interina solicitada por los diputados no Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. Ambos buscaban suspender inmediatamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la cual limitaba la compra por parte de extranjeros.
Esta solicitud judicial surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia revirtiera el pasado 29 de septiembre un fallo contra el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. El magistrado desestimó la petición porque determinó que los demandantes no probaron la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables para otorgar una medida cautelar urgente.
De este modo, la vigencia de la desregulación territorial se mantiene plenamente operativa en todo el país. En adelante, el tribunal le otorgó un plazo de cinco días al Estado Nacional para que presente un informe mediante la Procuración del Tesoro, con el fin de pronunciarse definitivamente sobre el pedido de fondo.
En su presentación, los legisladores advirtieron que la normativa actual habilita operaciones inmobiliarias irreversibles sin ningún tipo de tope geográfico o porcentual, consolidando futuros derechos adquiridos. Afirmaron que el dominio sobre los recursos hídricos y el suelo debe ser resuelto por el Poder Legislativo y no mediante una disposición unilateral del Poder Ejecutivo.
Como alternativa a la suspensión total, los peticionantes solicitaron al Ministerio de Justicia que preserve la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. También propusieron publicar un aviso de litigio en el Boletín Oficial, acción originada tras el rechazo supremo a una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Antes de resolver, la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de Fabián Omar Canda, había ratificado la competencia del fuero para intervenir. Tras la negativa judicial, el líder de Encuentro Republicano Federal protestó en la red social X afirmando que la demora genera un grave riesgo patrimonial.
Buscando acelerar los tiempos procesales, el legislador había solicitado acortar a dos días el plazo para el informe gubernamental. En paralelo al ámbito judicial, diputados de diversas bancadas en la Cámara Baja pidieron formalmente realizar una sesión especial el 15 de octubre para intentar derogar completamente el decreto y revertir estas medidas.
