Sin auditorías y con pagos anticipados: cómo operaba el esquema de obras en Santa Cruz según los testigos
El segundo juicio oral por la causa Vialidad, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2, sumó en las últimas horas testimonios clave que exponen la magnitud de las irregularidades en las obras públicas adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.
Daniel Semino, ex integrante del Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente, área dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Al declarar frente a los magistrados, el contador se refirió a un certificado específico relacionado con la colocación de postes en una ruta provincial y graficó el nivel de sobreprecio de manera contundente: “Cada poste nos iba a costar 100 mil pesos, con toda la furia, y se lo liquidamos a un millón”.
Pagos anticipados y el rol del Grupo Báez
Durante su exposición, Daniel Semino aclaró que su departamento no tenía la potestad de definir los montos de los certificados de obra ni de controlar su ejecución técnica en el terreno. Su área intervenía únicamente en la liquidación de intereses por pagos anticipados, recibiendo los expedientes una vez que ya habían atravesado todas las instancias técnicas y administrativas previas, con las firmas habilitantes para ingresar al circuito de pagos.
Posteriormente, la información se giraba al Ministerio de Economía para la acreditación final de los fondos. Al ser consultado por la fiscalía sobre qué compañías solían utilizar este ventajoso mecanismo de cobro anticipado, el testigo apuntó directamente al entramado empresarial de Lázaro Báez. Daniel Semino indicó que recordaba a “cuatro o cinco” firmas relacionadas con el empresario santacruceño, mencionando específicamente a Austral Construcciones y a la constructora Gotti.
La nula auditoría sobre las licitaciones en Santa Cruz
El debate oral también contó con la declaración de Marcelo Bianchi, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de Vialidad Nacional. El contador expuso una falla estructural en el sistema de control estatal: el organismo nacional aportaba la totalidad de los fondos para las obras ejecutadas mediante convenios con Santa Cruz, pero no auditaba los procesos licitatorios que realizaba la provincia.
Bianchi explicó que el Distrito 23 de Santa Cruz era el encargado de cumplir con las tareas operativas y de supervisión en el territorio, mientras que la sede central en Buenos Aires se limitaba a un seguimiento meramente administrativo. Aunque su unidad elaboraba entre 25 y 50 informes anuales que eran enviados a la máxima autoridad de Vialidad Nacional, el testigo remarcó que la intervención financiera de la Nación “no convertía a la repartición en la autoridad encargada de controlar la licitación provincial”.
Esta etapa del proceso judicial, conocida en los tribunales como Vialidad III (aunque mediáticamente referida como Vialidad II), es un desprendimiento directo de la causa principal por la que ya resultaron condenados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El actual debate oral busca determinar la responsabilidad penal de exfuncionarios técnicos por la defraudación a la administración pública, con un proceso que continúa su curso para los imputados Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate, luego de que otros siete acusados accedieran a la suspensión del juicio a prueba.
