Impulsan una ley para proteger a las familias sobreendeudadas y frenar los “créditos usureros”
En un contexto de estanflación y fuertes subas de tarifas, una iniciativa propone reformar la Ley de Concursos y Quiebras para proteger a los sectores vulnerables. Pide que los ingresos para no ser pobre sean inembargables y que el BCRA investigue gratis a las financieras que aplican tasas usureras.
Hace unas semanas, el diputado nacional Esteban Paulón, junto a su par Pablo Farías, presentó unHace unas semanas, el diputado nacional Esteban Paulón, junto a su par Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para solucionar de forma estructural el flagelo del sobreendeudamiento familiar en la Argentina. “Hay que animarse a tomar decisiones que resuelvan los problemas de la gente”, expresó.vvHace unas semanas, el diputado nacional Esteban Paulón, junto a su par Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para solucionar de forma estructural el flagelo del sobreendeudamiento familiar en la Argentina. “Hay que animarse a tomar decisiones que resuelvan los problemas de la gente”, expresó.
proyecto de ley para solucionar de forma estructural el flagelo del sobreendeudamiento familiar en la Argentina. “Hay que animarse a tomar decisiones que resuelvan los problemas de la gente”, expresó.
Según explicaron los legisladores en los fundamentos de la iniciativa, el país atraviesa un proceso de “estanflación” e inestabilidad donde la devaluación y la caída del poder adquisitivo del salario conviven con aumentos exorbitantes en los servicios públicos.
De hecho, el texto detalla que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la canasta de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) acumuló una suba del 561%, destruyendo la capacidad de pago de los hogares frente a una inflación del 185% en el mismo período.
El alarmante aumento del estrés financiero en las familias
Esta realidad económica obligó a millones de personas a usar líneas de crédito bancarias y tarjetas de crédito para amortiguar el impacto y cubrir necesidades básicas, quedando atrapadas en un círculo vicioso de deudas. El panorama se vuelve más oscuro con la aparición de billeteras virtuales y financieras que ofrecen dinero rápido con intereses usureros y abusivos, conocidos como “créditos predatorios”.
Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluidos en el proyecto demuestran que el estrés financiero familiar ya es alarmante:
- Deudores “con seguimiento especial”: Se duplicaron, pasando del 1,24% en diciembre de 2024 al 2,57% en septiembre de 2025.
- Deudores “con problemas”: Se triplicaron en el mismo período, saltando del 0,62% al 1,98%.
Para los autores del proyecto, esto ya no es un problema aislado, sino un verdadero fenómeno de “insolvencia social” que la ley actual no alcanza a contener.
Las claves del proyecto: Protección al “consumidor fallido”
La iniciativa propone incorporar la figura de protección especial para los consumidores que entran en concurso o quiebra cuando su deuda está compuesta principalmente por créditos de consumo.
Los puntos centrales de la reforma son:
- Investigación gratuita del BCRA: El Banco Central reemplazará el rol del síndico (sin costo para el deudor) y emitirá un informe técnico obligatorio para auditar el origen de la deuda y la conducta de los acreedores. Deberá considerar variables de vulnerabilidad como el género, edad, nivel educativo y familiares a cargo del afectado.
- Castigo a la usura: Si el juez comprueba que las financieras cobraron intereses abusivos o generaron un desequilibrio, podrá reducir o eliminar los intereses y quitarles los privilegios contractuales.
- Sueldos y vivienda única inembargables: El proyecto establece que serán totalmente inembargables los ingresos familiares necesarios para cubrir la línea de pobreza que dicta el INDEC, resguardando también la vivienda única del deudor.
- El modelo del “Fresh Start” (Comienzo Limpio): Si el deudor actuó de buena fe, el juez podrá liberarlo de la deuda residual en un plazo máximo de 1 año. Como contrapartida y de manera obligatoria, la persona deberá realizar un curso de educación financiera.
La ley busca darles participación activa como colaboradores del proceso a las asociaciones de consumidores y a las defensorías del pueblo, bajo la premisa jurídica de que, ante la duda, las leyes siempre deben favorecer a la parte más débil de la relación: el consumidor.
