España limita el voto de los nuevos ciudadanos y crece la polémica por la “Ley de Nietos”
La posibilidad de participar en las elecciones en España quedó en el centro de la controversia tras una resolución judicial que restringe el acceso al voto para parte de quienes obtuvieron la ciudadanía a través de la “Ley de Nietos“. La medida afecta a descendientes de españoles que recurrieron a esta vía para nacionalizarse.
Según la información publicada por los medios, más de 160.000 ciudadanos nacionalizados por esta normativa no podrán votar en los comicios de noviembre, salvo que puedan demostrar que son descendientes de exiliados. La decisión reavivó el debate sobre los requisitos que deben cumplir para ejercer sus derechos electorales.
El Tribunal Supremo de España rechazó el recurso presentado por el Gobierno para revertir la medida y ratificó la restricción del derecho al voto de cara a las elecciones. La resolución mantiene la exigencia de acreditar el vínculo con el exilio para poder participar en los comicios.
La decisión se tomó pese a los planteos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que habían pedido que se habilitara el sufragio. Entre los argumentos expuestos estuvo la dificultad de revisar los expedientes y el censo electoral antes de la fecha prevista para las elecciones.
El tribunal sostuvo que la transparencia y la integridad del proceso electoral deben prevalecer ante las dudas sobre las condiciones en que se incorporaron determinados ciudadanos al registro de votantes. Por ese motivo, quienes no acrediten los requisitos exigidos quedarán excluidos de la votación.
La resolución no implica que estas personas pierdan la nacionalidad española, sino que limita su participación electoral mientras se mantenga la restricción. La medida alcanza a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante la llamada Ley de Nietos y no puedan demostrar su condición de descendientes de exiliados.
El fallo vuelve a poner en discusión el alcance de los derechos políticos de los nuevos ciudadanos y las condiciones necesarias para ejercer el voto. Con las elecciones de noviembre en el horizonte, la situación de miles de nacionalizados continúa en el centro de la controversia judicial.
