Rolando Graña, sobre la represión en la marcha universitaria: “Terminaron fumigando como a bichos a la materia gris”
Terminaron fumigando como a bichos a los tipos que son la materia gris de la Argentina. Esa es la postal que dejó la represión contra la comunidad universitaria, en una marcha en la que había rectores, estudiantes y personas que quieren recibirse. Es la primera vez durante el gobierno de Javier Milei que se reprime una marcha universitaria.
Hay algo que no cierra en la concepción que tiene este Gobierno sobre la ley. Para Milei, los contratos son sagrados, pero la ley no. Es una concepción extraña, por la cual los contratos parecen tener más importancia que la propia ley. Y esto es lo que hay que discutir: no se puede sostener que los acuerdos deben cumplirse mientras se desconoce el marco legal que establece las obligaciones del Estado.
La pregunta también es económica. ¿Para lograr la misma inflación de siempre era necesario destruir más de 300.000 puestos de trabajo y llevar a una recesión profunda a los sectores que más laburo generan? ¿Cuál es el sentido de un programa económico que, para alcanzar ese objetivo, termina golpeando el empleo y la actividad de quienes producen y trabajan?
Con las universidades públicas aparece otra contradicción. La negación de fondos no tiene que ver con la calidad académica, sino con la locura de la batalla cultural. El problema no es solamente presupuestario: también se trata de una disputa ideológica que termina poniendo en cuestión las capacidades científicas y tecnológicas que el país construyó.
Axel Kicillof lo planteó al cuestionar el desguace del sistema de investigación. Destruir las capacidades de innovación tecnológica y científica que están anidadas en la universidad pública es suicida. Su crítica apunta a una decisión que no solamente afecta a las instituciones educativas, sino también a las posibilidades de desarrollar conocimiento propio.
Hay una lógica de persecución de las ideas que no encajan con los dogmas oficiales. En ese sentido, la concepción se parece a la de los nazis con el llamado “arte degenerado”: aquello que no coincide con la visión ideológica dominante pasa a ser un enemigo que hay que combatir. La batalla cultural deja de ser una discusión de ideas cuando se transforma en una herramienta para deslegitimar y destruir lo que piensa distinto.
La bronca de los estudiantes mostró el impacto concreto de esa política. Valentina Aira, consejera superior de la UBA, expresó la indignación de quienes se encontraron con el avance policial: “¿Qué carajo les pasa? Somos pibes que quieren estudiar en la universidad. Nos tiran gases en un acto con rectores y con pibes que quieren recibirse. Estamos hartos”.
No se trata solamente de una discusión sobre el presupuesto universitario. También está en juego el respeto por las instituciones y por la ley. Eduardo Rinesi, docente universitario y politólogo, lo planteó con claridad: “Es escandaloso que sigamos discutiendo si el Poder Ejecutivo puede estar o no al margen de la ley. Lo que tenemos es un gobierno al margen de la ley que está poniendo a un país al margen de la ley”.
La misma preocupación aparece en el testimonio de una investigadora del CONICET en La Plata, que sostuvo que se sintió vulnerada y que les faltaron el respeto. También cuestionó que se presente a los trabajadores de la ciencia como parte de la casta que el Gobierno prometió combatir. La diferencia que marcó es central: “Con la ciencia buscamos soberanía; este gobierno busca dependencia”.
Ahí está el núcleo del problema. Mientras se cuestiona a la universidad pública y se desfinancia la investigación, se reprime a quienes reclaman y se pone en discusión el cumplimiento de la ley. La postal final es la de un país que termina fumigando como a bichos a su propia materia gris. Y la pregunta es qué futuro puede construir una sociedad que ataca las capacidades científicas y educativas que necesita para desarrollarse.
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