La oposición cordobesa impulsa el jury contra los fiscales del caso Agostina Vega
La conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, sumó este lunes un nuevo capítulo político e institucional. Representantes de nueve de los doce bloques de la Legislatura provincial anunciaron formalmente un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes cuestionan por su actuación en distintas etapas de la investigación.
La iniciativa fue respaldada por dirigentes de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos, que además reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y promovieron sanciones contra el concejal peronista Ricardo Moreno.
Las críticas al fiscal que liberó a Claudio Barrelier
Uno de los principales cuestionamientos apunta contra Iván Rodríguez, quien en 2025 intervino en una causa por privación ilegítima de la libertad contra Claudio Barrelier, hoy detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega.
Según remarcaron los legisladores opositores, Barrelier permaneció detenido durante aproximadamente 20 días antes de recuperar la libertad. Para los críticos, esa decisión judicial permitió que el acusado continuara en libertad hasta el crimen que hoy investiga la Justicia.
El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, sostuvo que el caso expone una presunta relación de cercanía entre sectores del poder político y judicial en Córdoba.
“La connivencia entre el poder político y la Justicia es lo que estamos viendo en Córdoba. Después de 27 años del peronismo en el poder esta es la Justicia que tenemos”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Qué investigan sobre Raúl Garzón
La oposición también incluyó en el pedido de jury al fiscal Raúl Garzón, quien actualmente lleva adelante la investigación principal por el femicidio.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, explicó que buscan determinar si existieron omisiones, demoras o irregularidades durante la búsqueda de la adolescente y en el avance de la causa.
El objetivo, señalaron, es que la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento evalúe si hubo conductas que puedan encuadrarse dentro del mal desempeño de sus funciones.
Reclamos contra el ministro Quinteros y el concejal Moreno
Los cuestionamientos políticos también alcanzaron al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a quien responsabilizan por la situación general de seguridad en Córdoba.
Por otra parte, el concejal peronista Ricardo Moreno quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de reconocer públicamente que había defendido judicialmente a Barrelier en una causa anterior y que además intervino para facilitar su ingreso laboral a la Municipalidad de Córdoba.
Desde distintos sectores opositores consideran que esos antecedentes deben ser investigados y reclaman medidas institucionales contra el dirigente.
Ni Una Menos también pidió el enjuiciamiento
El reclamo político fue acompañado por organizaciones feministas. La Asamblea Ni Una Menos Córdoba, junto con organizaciones sociales, sindicales y legisladoras provinciales, formalizó su propio pedido de jury contra los fiscales involucrados.
Durante la presentación, las referentes cuestionaron la actuación estatal tras la desaparición de Agostina Vega y denunciaron que no se activaron de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y alerta disponibles.
Además, sostuvieron que el caso debe analizarse dentro de un contexto más amplio de violencia de género y de presuntas fallas institucionales en la protección de mujeres y adolescentes.
Una crisis política que sigue creciendo
El femicidio de Agostina Vega ya trascendió el plano judicial y se convirtió en una de las mayores crisis institucionales que enfrenta Córdoba en los últimos años. Mientras la investigación penal continúa y Claudio Barrelier permanece detenido como principal acusado, crecen las presiones para revisar el accionar de funcionarios judiciales, dirigentes políticos y organismos de seguridad.
La definición sobre el avance del pedido de jury será uno de los próximos pasos que podrían profundizar el impacto político de un caso que mantiene conmocionada a la provincia.
