El Congreso debate el fin de los plazos de prescripción para delitos sexuales contra la infancia
En un movimiento legislativo clave para cerrar baches legales que benefician a los abusadores, la senadora nacional y referente oficialista presentó formalmente un proyecto de ley orientado a transformar de raíz el tratamiento de los delitos contra la integridad sexual de las infancias y adolescencias.
La iniciativa contempla que los abusos, la corrupción de menores, el grooming y la trata de personas no expiren por el paso del tiempo. Además, fija la suspensión de plazos procesales si el acusado se prófuga.
El texto presentado en la Cámara alta no solo abarca el abuso sexual infantil, sino que extiende su alcance punitivo y protector a figuras delictivas conexas de extrema gravedad como la corrupción de menores, la pornografía infantil, el grooming y la trata de personas con fines de explotación.
De este modo, se busca unificar criterios de protección integral que impidan que las víctimas —muchas veces silenciadas por el miedo, la manipulación o el trauma durante su infancia— se enfrenten a la caducidad legal de las herramientas del Estado al momento de radicar una denuncia en su adultez.
Con este nuevo andamiaje jurídico, el Congreso abre un debate de alto voltaje político e institucional, empujando una agenda donde el Estado prioriza la imprescriptibilidad de los delitos más aberrantes por sobre las trabas burocráticas o temporales del proceso penal.
Detalle clave del proyecto: El “Caso Segovia” y la suspensión por fuga
El caso expuso una grave fisura legal cuando un acusado por abuso sexual agravado a una menor —quien permaneció prófugo de la justicia durante más de 14 años viviendo bajo identidades falsas— fue finalmente capturado, pero la Justicia de primera instancia declaró la extinción de la acción penal y lo sobreseyó porque los plazos de prescripción siguieron corriendo mientras estuvo prófugo
La normativa establece que si el imputado evade la acción de la justicia y es declarado en rebeldía o prófugo, los plazos procesales de prescripción se suspenden automáticamente. De esta manera, se bloquea la llamada “estrategia del escondite”, evitando que el transcurso del tiempo juegue a favor del delincuente por el solo hecho de eludir los tribunales.
