La Corte Suprema sesiona este viernes de urgencia para definir si restituye la Ley de Tierras que derogó Milei
La Corte Suprema sesiona este viernes de urgencia para definir la vigencia de la Ley de Tierras y resolver si restablece la prohibición de venta de campos argentinos a extranjeros que derogó el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El máximo tribunal se reunió de manera extraordinaria tras la falta de acuerdo interno entre sus tres miembros permanentes. La convocatoria busca destrabar un expediente de altísima tensión política y jurídica en Buenos Aires.
El caso responde a un pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades originarias Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora Magdalena Odarda. Si los jueces hacen lugar al reclamo, la Ley 26.737 volverá a frenar la extranjerización de predios rurales en todo el territorio nacional.
Conjueces confirmados para destrabar el empate
Especialistas en derecho constitucional advierten que una resolución directa sobre la cautelar desde la cúspide de la Justicia argentina representaría un fallo de carácter absolutamente excepcional.
La sesión especial se destrabará con la incorporación de dos magistrados sorteados especialmente. Los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no lograron la mayoría de tres votos necesarios para firmar una sentencia definitiva.
Por ese motivo resultaron sorteados Diego Barroetaveña, presidente de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos camaristas aceptaron la designación y ya quedaron habilitados para emitir su voto.
Reducción de plazos y renuncia a la AFA
Los dos funcionarios judiciales seleccionados tienen un extenso recorrido en el fuero penal. Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura, mientras que Pérez Curci es cercano al fuero federal de la Capital Federal.
Hasta hace poco tiempo, ambos compartían roles en los tribunales disciplinarios de la Asociación del Fútbol Argentino. Presentaron su renuncia formal en diciembre pasado luego de un planteo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La urgencia institucional de la Corte Suprema quedó sellada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por el secretario Sergio Miguel Nápoli. El escrito acortó de 72 a 24 horas el plazo legal para objetar a los conjueces y habilitó expresamente días y horas inhábiles.
El reclamo de los pueblos originarios y el impacto político
El expediente tuvo su origen en diciembre de 2023 ante el Juzgado Federal de Bariloche. Los demandantes cuestionaron la nulidad del artículo 154 del mega decreto presidencial por atentar contra el patrimonio nacional.
El caso pasó luego a la Cámara Federal de La Plata por conexidad con la causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. Sin embargo, ningún magistrado llegó a resolver el fondo de la discusión.
A diferencia de los excombatientes, los ambientalistas y comunidades indígenas remarcaron que su legitimación es propia. Fundamentaron la demanda en la tutela del medio ambiente y los derechos territoriales ancestrales reconocidos por la Constitución Nacional en Patagonia.
La aceleración del trámite ocurre tras el fallo de la semana pasada, cuando la Corte Suprema tumbó la cautelar del CECIM por falta de representación procesal. Aquella decisión generó duras críticas y llevó a la oposición a convocar una sesión en el Congreso de la Nación para derribar todo el DNU 70/2023.
Ante la polvareda desatada, el tribunal difundió un comunicado aclarando que aquel rechazo fue meramente formal y no frenaba otros amparos en trámite. Sin embargo, el juez Carlos Rosenkrantz se distanció abiertamente de esa aclaración institucional y se negó a suscribir el texto.
