Denuncian criminalización de la protesta en Chubut: varios detenidos
La primera jornada del paro de 72 horas que llevan adelante trabajadores de la educación en Comodoro Rivadavia para reclamar mejoras salariales y entregar un petitorio al Gobierno provincial terminó con incidentes, detenciones y denuncias de represión. Tras el operativo realizado en la delegación del Ministerio de Educación, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos dentro de un espacio cerrado, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) exigió la inmediata liberación de la dirigente Verónica Rosales y otros cuatro militantes, y denunció un proceso de “criminalización de la protesta social” contra quienes participan de las medidas de fuerza.
Detrás de los graves incidentes ocurridos en la delegación administrativa se esconde un conflicto de larga data que afecta directamente a los auxiliares de la educación. Por esa razón, los gremios estatales ATE y CTA iniciaron una medida de fuerza por 72 horas ante la falta de respuestas del Gobierno provincial frente a las deudas salariales acumuladas, el incumplimiento de los acuerdos paritarios y la precarización laboral en las escuelas de la región.
En ese contexto, una comitiva sindical encabezada por Verónica Rosales (Secretaria General de la CTA Chubut) ingresó al edificio público con el único propósito de presentar un escrito con sus demandas. Sin embargo, la respuesta oficial fue el despliegue de las fuerzas de seguridad dentro del propio establecimiento.
Denuncian represión, traslados y heridos
Según explicaron desde la organización gremial, la policía provincial actuó de manera desproporcionada y “sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo”. Los efectivos lanzaron gases lacrimógenos dentro del recinto cerrado, lo que provocó que varios de los presentes terminaran con serios cuadros de descompensación.
Además de Rosales, las autoridades procedieron a esposar y retener a los trabajadores:
- Lorena Rosales
- Evangelina Arbe
- Marcelo Echeveste
- José Barra
La CTA catalogó este procedimiento como una “ilegal privación de la libertad” y denunció que los compañeros permanecen retenidos bajo condiciones físicas alarmantes producto del efecto de los químicos utilizados por la policía.
“Luchar no es un delito”: El fuerte descargo gremial
La cúpula de la central obrera cerró filas en defensa de sus dirigentes y aseguró que este tipo de maniobras judiciales y policiales forman parte de una estrategia sistemática de criminalización de la protesta social en la provincia de Chubut, cuyo objetivo principal es “amedrentar y disciplinar” a quienes se movilizan contra las injusticias económicas.
“Ni luchar ni protestar es delito y para nuestra organización es un imperativo inclaudicable. Lejos de amedrentarnos, seguiremos luchando”, sentenció el gremio de forma tajante, advirtiendo que las medidas de fuerza podrían profundizarse en toda la provincia si los cinco detenidos no son liberados de forma inmediata.
Detalles del operativo y la situación de los detenidos
El conflicto escaló de forma dramática en el interior de la delegación de Comodoro Rivadavia en el preciso momento en que la comitiva de trabajadores intentaba hacer entrega de un petitorio con las demandas y reivindicaciones del sector. Según denunciaron desde la central obrera, las fuerzas de seguridad que ya se encontraban apostadas dentro del edificio público avanzaron sobre los manifestantes.
El accionar policial incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos en un espacio cerrado, una medida que el gremio calificó como un “accionar represivo” que careció de toda causa que lo justifique. Tras la dispersión, la policía retuvo a la Secretaria General y a sus acompañantes, quienes según las últimas informaciones gremiales, se encuentran esposados y descompensados producto de los gases inhalados.
Los integrantes de la CTA que permanecen privados de su libertad junto a Verónica Rosales fueron identificados como:
- Lorena Rosales
- Evangelina Arbe
- Marcelo Echeveste
- José Barra
Denuncian criminalización de la protesta
Ante la gravedad de los hechos, la organización sindical manifestó su enérgico repudio a la represión y calificó la detención de los dirigentes como una “ilegal privación de la libertad”. Desde la conducción de la Central alinearon este episodio con una práctica sistemática que busca persecución y criminalización de los reclamos salariales legítimos.
“Rechazamos y denunciamos toda práctica persecutoria y criminalizadora de la protesta social, y más aún cuando de esa manera se intenta amedrentar y disciplinar a quienes se paran frente a tantas injusticias”, expresaron de forma contundente en el documento.
Para cerrar, la central de trabajadores reafirmó su solidaridad absoluta con los afectados y advirtió a las autoridades provinciales que, lejos de frenar los reclamos, la medida de fuerza se sostendrá con firmeza. “Ni luchar ni protestar es delito. Lejos de amedrentarnos, seguiremos luchando”, concluyeron, exigiendo la inmediata liberación de todos los compañeros.
