Diputados avanzó con la media sanción al proyecto de ley contra la intrusión y el vandalismo en predios rurales
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que castiga el vandalismo rural y la intrusión en campos con penas de hasta 10 años de prisión. La votación en el recinto cerró con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una sola abstención. Tras la aprobación, el proyecto fue enviado al Senado de la Nación.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Martín Ardohain, titular de la Comisión de Agricultura, para cubrir un histórico vacío legal en el interior productivo.
El reclamo por el Código Penal de 1921 y el derecho a la propiedad
Durante el debate, Martín Ardohain remarcó que las leyes actuales pierden fuerza en las zonas alejadas de los centros urbanos y defendió a las familias rurales. El legislador pampeano recordó que el Código Penal sustantivo data de 1921, por lo que debieron pasar más de 105 años para lograr esta reforma integral.
En el recinto, Martín Ardohain sentenció: “Para muchos de los que venimos del interior, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de federalismo, pero la ley parece llegar hasta la última columna de luz”.
Castigos para la intrusión en campos y la irrupción en la producción
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación incorpora el Artículo 150 bis al Código Penal para penar el ingreso no autorizado a predios rurales. La norma fija de un mes a un año de cárcel para quienes violen cerraderos, vallas o cartelería. La pena subirá a dos años si el hecho frena las tareas productivas.
Las sanciones no se aplicarán en emergencias justificadas o auxilio, pero castigarán con dureza a quienes pongan en riesgo cosechas o la sanidad de los rodeos.
Penas severas por destrozos en silobolsas y tecnología agrícola
Asimismo, el proyecto suma el Artículo 184 bis para proteger todo el ciclo agroproductivo contra destrozos e incendios intencionales en el país. El texto contempla de dos a ocho años de prisión y multas millonarias para quienes rompan silobolsas, viñedos, olivares, yerbatales, tolvas o maten ganado.
La protección legal abarca además a la infraestructura tecnológica, penalizando los ataques a paneles solares, bombas sumergibles, generadores y sistemas de riego.
Las agravantes del delito y la grieta política en el Congreso
Las penas subirán hasta los 10 años de cárcel cuando los ataques se ejecuten en banda, con violencia o provoquen la pérdida total de la cosecha. La discusión generó un fuerte choque ideológico. Desde la izquierda, las diputadas Romina del Plá y Myriam Bregman afirmaron que la ley busca blindar al agronegocio.
En contraste, los diputados Juan Brügge, Alejandra Torres y Guillermo Agüero respaldaron la norma para proteger a las familias de pequeños y medianos productores del interior.
