El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: cuáles son los principales cambios y objetivos
El Gobierno reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y estableció los mecanismos para aplicar la nueva normativa en todo el país.
La medida reglamenta la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando resulten imputados por hechos tipificados como delitos.
El decreto también designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y creó nuevos espacios de coordinación entre distintas áreas del Estado y las provincias.
Según establece la reglamentación, el objetivo del régimen consiste en fomentar en los adolescentes imputados el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y promover su educación, resocialización e integración social.
El Gobierno creó un comité interministerial
La reglamentación creó, dentro del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará como un dispositivo permanente de articulación entre las distintas áreas del Gobierno nacional.
El organismo contará con representantes del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud.
Entre sus principales funciones figuran la coordinación de políticas conjuntas, la elaboración de lineamientos para la prevención, el abordaje y la reinserción de adolescentes alcanzados por el régimen.
Además, el comité deberá promover el intercambio de información estadística y técnica entre los distintos ministerios y emitir recomendaciones sobre los aspectos transversales de la implementación.
También tendrá a su cargo la articulación institucional necesaria para ejecutar las penas previstas en la Ley 27.801, en aquellos aspectos administrativos y operativos que correspondan a las áreas que integran el organismo.
Los principales objetivos del nuevo sistema
El decreto establece una serie de ejes para la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil.
Entre ellos se encuentran:
- Coordinar las políticas de los distintos ministerios involucrados.
- Elaborar criterios comunes para prevenir y abordar situaciones que involucren a adolescentes imputados.
- Impulsar estrategias de reinserción social.
- Compartir información estadística y técnica.
- Coordinar la ejecución de las medidas y penas previstas por la ley.
- Emitir recomendaciones para mejorar la implementación del régimen.
Una mesa federal con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno también creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia como un espacio permanente de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La mesa buscará unificar criterios técnicos y procesales entre las distintas jurisdicciones, además de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
También podrá impulsar convenios de colaboración y cooperación entre las distintas jurisdicciones y elaborar recomendaciones vinculadas con la aplicación del régimen.
El organismo estará integrado por un representante de la autoridad de aplicación, que ejercerá la coordinación, y representantes de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, podrán participar representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Cuándo entra en vigencia el Régimen Penal Juvenil
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.
El decreto reglamentario dispuso que la reglamentación comenzará a regir de manera conjunta con la ley.
De esta forma, el Gobierno avanzó con la estructura administrativa e institucional necesaria para poner en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un marco específico para los adolescentes imputados por delitos y fija mecanismos de coordinación entre la Nación, las provincias y los organismos judiciales.
