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Política | noviembre 19, 2026 | 10:51 pm

Con foco en tierras, expropiaciones y desalojos, el Senado sancionó la ley de propiedad privada y el Tratado de Patentes

La Cámara alta aprobó el acuerdo de patentes y puso en debate la vuelta de la Ley de Tierras.

En una jornada extensa y cargada de definiciones políticas, el Senado de la Nación aprobó este jueves la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un paso central dentro de los entendimientos bilaterales con Estados Unidos, en una sesión en la que también avanzó el tratamiento vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada y a la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La aprobación del PCT representa un respaldo político relevante para el Gobierno en su vínculo con Estados Unidos, al ordenar los mecanismos para solicitar protección de patentes en múltiples jurisdicciones. Desde el oficialismo sostuvieron que la medida integra al país al esquema internacional sin resignar la facultad local para evaluar cada solicitud.

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La oposición, en cambio, puso el foco en los efectos comerciales y productivos del acuerdo. José Mayans alertó que la norma beneficia a grandes laboratorios y responde a presiones externas, mientras que desde el oficialismo —con argumentos como los de Andrada— se remarcó que la Argentina conserva su potestad soberana para decidir sobre la utilidad y procedencia de cada patente.

Propiedad privada y límites a la tierra en tensión

En paralelo, el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada volvió a poner sobre la mesa el choque entre distintas miradas sobre el derecho de propiedad y el control de los recursos territoriales. Tras las modificaciones incorporadas en Diputados —que incluyeron la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023 y la restitución de la Ley 26.737 de Tierras—, la discusión en el Senado reflejó el peso de los equilibrios parlamentarios y el pulso entre desregulación y límites normativos.

A este escenario se sumó el movimiento de otras piezas de la agenda legislativa, como el dictamen para suspender las PASO en 2027 (sin la eliminación de las listas colectoras) y la sanción unánime de la Ley de Discapacidad, en una sesión que dejó al descubierto tanto las mayorías circunstanciales como los puntos de fricción que seguirán marcando el cierre del año parlamentario.

En materia de expropiaciones, el texto delimita la “utilidad pública” a bienes convenientes o necesarios para ese fin —cualquiera sea su naturaleza jurídica, del dominio público o privado, cosas o no—, exigiendo una interpretación restrictiva, la identificación específica y concreta del objetivo y criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La indemnización se ciñe al valor objetivo del bien (tomando el valor de mercado cuando sea determinado o determinable) y a los daños directos e inmediatos, excluyendo factores personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas o el mayor valor generado por la obra. El lucro cesante solo procede si es consecuencia directa e inmediata, está acreditado con prueba objetiva, concreta y suficiente, no duplica rubros y, en ningún caso, supera el 30% del daño emergente, salvo acreditación fehaciente de una afectación mayor.

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El articulado incorpora además disposiciones sobre posesión y desalojos habitacionales:

  • Reconoce el acogimiento al régimen para ocupantes con causa lícita que acrediten posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años previos sobre inmuebles edificados urbanos destinados a vivienda única y permanente según la reglamentación.
  • Exige que, en locaciones habitacionales, el locador intime fehacientemente al locatario por falta de pago otorgando un plazo no menor a 10 días corridos desde la recepción e indicando el lugar de pago; la notificación enviada al domicilio contractual real o electrónico se tiene por válida aun ante negativa o imposibilidad imputable al inquilino.
  • Vencido el plazo o extinguida la locación, el inquilino debe restituir el inmueble y, ante el incumplimiento, habilita la acción judicial de desalojo por el trámite más breve previsto, prohibiendo que el locador se niegue a recibir las llaves o condicione su entrega sin perjuicio de reservar reclamos por obligaciones pendientes.

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