Escándalo: denuncian filtración de datos médicos de una mujer que pidió un aborto legal
Una grave denuncia por presunta filtración de información médica confidencial encendió las alarmas en la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer que solicitó una interrupción legal del embarazo (ILE) denunció que, tras reclamar a su prepaga la cobertura del misoprostol, comenzó a recibir llamados y mensajes de grupos vinculados a sectores antiderechos.
El caso ya derivó en una presentación judicial y organizaciones feministas exigen que se investigue si existió una violación del secreto médico y acceso ilegal a datos sensibles.
La denunciante, Alejandra Iriarte, integrante de la Red de Abogadas Feministas, explicó que inició el trámite para acceder al misoprostol luego de sufrir la interrupción espontánea de un embarazo. Según relató, su prepaga Medicus solo autorizó el 40% de cobertura del medicamento, pese a que la Ley 27.610 establece cobertura total.
Después de reclamar formalmente ante la empresa y realizar una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud, comenzó a recibir contactos inesperados. “Me llamaban para preguntarme si había confirmado el embarazo y me invitaban a una charla informativa gratuita”, contó.
La mujer aseguró que los mensajes provenían de personas vinculadas a una cuenta llamada “tudecision.embarazo”, asociada a organizaciones antiderechos que buscan persuadir a mujeres para que no aborten.
En la denuncia penal presentada esta semana, pidieron investigar si existió acceso ilegal a bases de datos personales, filtración de información médica confidencial y posibles responsabilidades de personal de la prepaga u organismos públicos en la divulgación de datos protegidos por el secreto profesional.
“Estamos hablando de datos médicos sensibles y protegidos por el secreto médico”, advirtió Iriarte, quien además expresó preocupación por otras mujeres que puedan atravesar situaciones similares.
La situación generó alarma entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que denunciaron una posible red de captación y seguimiento de mujeres que atraviesan embarazos no deseados. Desde la Red de Abogadas Feministas remarcaron que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su salud sexual y reproductiva sin consentimiento”.
El caso también volvió a poner el foco sobre las dificultades que todavía enfrentan muchas personas para acceder a una ILE en el sistema privado de salud. Finalmente, Alejandra tuvo que realizar el procedimiento en el Hospital Argerich.
Especialistas en salud sexual señalaron que varias prepagas continúan poniendo trabas o incumpliendo la cobertura integral garantizada por la ley. Además, remarcaron que la confidencialidad en el acceso a la ILE y la IVE constituye un derecho fundamental protegido por la legislación vigente.
