Ex abogado de Cerimedo reveló por qué dejó de defenderlo y cuestionó la causa en Bolivia

Todo cambió de manera repentina cuando Fernando Cerimedo decidió dejar de lado la estrategia de defensa que venían preparando y prescindir de los servicios de su abogado. Según relató Ramiro Vega, el ahora ex abogado de Fernando Cerimedo, hasta la tarde anterior trabajaban juntos en distintos mecanismos de defensa, pero al día siguiente el imputado modificó completamente su postura. Así lo expresó hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

“Yo no renuncié; él decidió prescindir de mis servicios”, afirmó el abogado, quien también vinculó el cambio de estrategia con la situación de Cerimedo dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, Bolivia. Según explicó, el imputado había declarado que estaba asustado porque había recibido amenazas de muerte y que solicitaba seguridad a la gobernación del penal.

El abogado sostuvo que Cerimedo no solo abandonó su representación, sino también “más de siete mecanismos de defensa e incidentes de nulidad” que habían sido activados. “Yo lo acompañaba a las 6 de la tarde preparando su defensa, entusiasmado con los pasos a seguir, y al día siguiente tomó esa decisión”, relató.

Planteó una hipótesis sobre posibles presiones durante la noche. “Especulo que en algún momento de esa noche lo amenazaron y le dijeron: ‘Tú dejas este tipo de defensa, te quedas callado, no te defiendes, esperas unos meses y vemos cómo arreglamos tu problema’”, afirmó. También sostuvo que “uno no puede juzgar a una persona detenida en un penal como Chonchocoro”.

Otro de los puntos centrales de su relato fue la existencia de un backup del teléfono de Cerimedo que, según afirmó, no era conocido por quienes investigaban el caso. “En el momento en que obtuve esa prueba de un backup que tenía el teléfono y que no sabían que existía, los asustó a todos”, señaló. Además, aseguró haber presentado la existencia de ese clon del teléfono ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado también cuestionó distintos elementos incorporados a la investigación. Señaló que en la acusación por enriquecimiento ilícito no había pruebas ni elementos suficientes y mencionó dos actas de allanamiento en las que encontraron 50.000 dólares y fotos de bots realizadas con inteligencia artificial. También cuestionó un pasaje de avión utilizado para argumentar un supuesto riesgo de fuga, porque, según afirmó, tenía una fecha diferente a la del hecho investigado.

Cuestionó la cadena de custodia de un teléfono y afirmó que se trataba de “prueba contaminada”. A su vez, negó haber visto durante el tiempo que estuvo en el caso mensajes o elementos del expediente que involucraran a la Primera Dama o al Presidente de Bolivia. En términos generales, calificó al sistema judicial boliviano como “uno de los peores sistemas judiciales de toda América” y cuestionó el tratamiento de las pruebas y las filtraciones de la causa.