Intercargo: Fracasó la privatización y el Gobierno declaró desierta la licitación
El Gobierno de Javier Milei no logró concretar uno de los objetivos delineados en su plan de reestructuración pública: la privatización de Intercargo. La empresa estatal, responsable de proveer servicios esenciales de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos del país, continuará operando bajo la órbita del Estado luego de que la licitación internacional para su venta fuera declarada formalmente desierta.
La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 1148/2026, publicada en el Boletín Oficial, la cual lleva la firma del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Una licitación sin propuestas formales para Intercargo
La normativa publicada confirma que el proceso de selección y adjudicación para desprenderse del 100% del paquete accionario de la compañía no recibió ninguna oferta. El final vacante de esta operación ya se avizoraba desde fines de junio. En aquel momento, durante la instancia de apertura de sobres, se constató que ningún inversor nacional o extranjero había presentado una oferta económica concreta para adquirir la empresa, cuyo precio base había sido fijado oficialmente en 45 millones de dólares.
Frente a este escenario de ausencia de oferentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” elaboró un dictamen en el que recomendó a las autoridades dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.
De acuerdo a los registros de la plataforma de compras públicas Contrat.Ar, inicialmente “cinco empresas del sector habían manifestado cierto interés en el proceso“. Sin embargo, ninguna de estas firmas avanzó a la etapa final, ya que no presentaron la documentación requerida ni lograron acreditar las exigentes condiciones económicas y técnicas establecidas en los pliegos para quedarse con el control de la compañía.
El marco de la Ley Bases y el futuro de la empresa
Intercargo había sido incluida dentro de la nómina de empresas públicas “sujetas a privatización” tras la sanción de la denominada Ley Bases, impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza. A partir de esa legislación, el Poder Ejecutivo facultó al Ministerio de Economía a adoptar todas las medidas administrativas necesarias orientadas a concretar la transferencia de las acciones al sector privado.
A pesar de este resultado negativo en el primer intento licitatorio, el marco legal vigente amparado bajo los decretos reglamentarios 695/2024 y 198/2025 mantiene intacta la autorización oficial. Esto le permite a la cartera conducida por Caputo continuar explorando opciones y diseñar nuevos mecanismos operativos o financieros para intentar nuevamente la transformación o venta de la empresa en el futuro.
Mientras tanto, y hasta que surja un nuevo esquema de concesión o privatización, la operatividad, el mantenimiento y la prestación de los servicios aeroportuarios de Intercargo seguirán dependiendo exclusivamente del Estado Nacional.
