La comunidad universitaria volvió a las calles para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento
La defensa de la educación pública volvió a ocupar el centro del reclamo universitario frente al deterioro de las condiciones de funcionamiento del sistema. Las organizaciones de la comunidad académica advirtieron que la situación presupuestaria compromete la continuidad de las actividades educativas y científicas, así como las posibilidades de miles de estudiantes de completar sus carreras.
La 5° Marcha Federal Universitaria se realizó bajo las consignas de educación, soberanía y democracia, con la participación de organizaciones que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes advirtieron sobre la falta de recursos y cuestionaron el presupuesto previsto para 2027.
Reclamo por el financiamiento y el cumplimiento de la ley
En una declaración realizada el día de hoy, las entidades denunciaron que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que el Congreso la sancionó y el Poder Judicial declaró inconstitucional la pretensión oficial de anularla. También señalaron que existe una medida cautelar que exige la aplicación inmediata de los artículos 5, referido a los salarios, y 6, vinculado con las becas.
Las organizaciones sostuvieron que el incumplimiento de las normas y de las decisiones judiciales representa un riesgo para el sistema republicano y la democracia. En ese marco, respaldaron el reclamo ciudadano por la derogación del DNU 70/23, al considerar que anula leyes aprobadas por el Congreso y establece otras medidas sin el debate parlamentario correspondiente.
El documento también reclamó que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad de defender las instituciones y debatir las leyes necesarias para el país. Para las entidades firmantes, la universidad pública constituye una herramienta central para la justicia social, la movilidad social ascendente y la construcción de soberanía nacional.
En ese sentido, las organizaciones resumieron su postura con una definición contundente sobre el papel de las instituciones educativas: “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, afirmaron.
La advertencia por el presupuesto de 2027
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Según la declaración, la iniciativa no contempla las partidas requeridas por la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.
Frente a ese escenario, el CIN elaboró una propuesta presupuestaria que contempla el cumplimiento de la ley y busca garantizar previsibilidad para el funcionamiento de las instituciones. De acuerdo con el documento, el presupuesto universitario debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional.
Las entidades también reclamaron que el presupuesto asegure una mejora sustantiva de los recursos destinados a la educación obligatoria. Sostuvieron que el funcionamiento de las universidades depende de un sistema educativo integrado, capaz de responder a las necesidades de la población.
La declaración advirtió que la Argentina terminará por tercer año consecutivo con uno de los niveles de gasto público en educación superior más bajos de América Latina. Además, cuestionó que el presupuesto presentado por el Gobierno destine a educación menos del 1% del PBI, una situación que, según las organizaciones, debe revertirse para sostener las universidades y las escuelas públicas.
Salarios deteriorados y becas insuficientes
El pronunciamiento señaló que el deterioro presupuestario afecta directamente a docentes y nodocentes, cuyos salarios perdieron poder adquisitivo durante los últimos años. Las organizaciones también denunciaron la precarización de sus condiciones de vida y advirtieron sobre los riesgos que esta situación implica para las vocaciones académicas y las capacidades técnicas de las instituciones.
A su vez, reclamaron el respeto de las paritarias y plantearon la necesidad de resolver distintos problemas laborales, entre ellos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario, las condiciones de las plantas docentes y nodocentes y los fondos de capacitación.
El documento también puso el foco en el deterioro de las políticas de bienestar estudiantil. Las entidades remarcaron que las becas son fundamentales para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de quienes necesitan asistencia económica para sostener sus estudios universitarios.
Como ejemplo, señalaron que las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde 2024, un monto que consideran insuficiente para cubrir gastos elementales como el transporte urbano y los materiales de estudio. También cuestionaron las dificultades administrativas para acceder a estos beneficios, la falta de transparencia en las convocatorias y la desinversión en las Becas Manuel Belgrano.
A esas dificultades se suma, según el pronunciamiento, el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN. Frente a este panorama, las entidades advirtieron sobre las consecuencias de debilitar las ayudas económicas y sostuvieron que “Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada”.
Ciencia y tecnología, también en riesgo
La situación del sistema científico y tecnológico ocupó otro lugar central en la declaración. Las entidades describieron una reducción importante de investigadores jóvenes, una caída en la adjudicación de becas, la paralización del financiamiento de proyectos y la interrupción del acceso a las principales publicaciones científicas internacionales.
Advirtieron que formar profesionales de excelencia y consolidar líneas de investigación requiere más de una década de trabajo continuo, mientras que un equipo puede desarticularse en pocos meses. Por eso, consideraron que el sistema ya no discute sus posibilidades de expansión, sino la preservación de sus condiciones mínimas de funcionamiento.
El documento también alertó sobre el éxodo de científicos formados en el país y reclamó revertir esa tendencia. Las organizaciones sostuvieron que cada investigador que abandona el sistema representa una pérdida para el desarrollo del conocimiento y para las capacidades de las distintas regiones argentinas.
En ese sentido, defendieron el papel de las universidades en la producción científica, la innovación y la soberanía tecnológica. La declaración sintetizó ese planteo con una advertencia sobre la necesidad de retener el conocimiento generado en el país: “Defender la universidad y el sistema científico-tecnológico es defender que el conocimiento se quede en el país. Es defender el federalismo y hacer soberanía”.
Una defensa de la educación pública y la soberanía
La 5° Marcha Federal Universitaria expresó el reclamo de la comunidad académica y de la ciudadanía por la defensa de las universidades públicas y del sistema científico-tecnológico. Las organizaciones plantearon que el financiamiento universitario es una condición necesaria para sostener la investigación, la extensión, la formación profesional y el desarrollo de las regiones.
Las entidades firmantes reclamaron un Estado que garantice el derecho a la educación, la producción científica y tecnológica, la salud, el trabajo digno, la cultura y la protección de los recursos naturales. También señalaron la necesidad de preservar la industria nacional y atender los problemas de endeudamiento que atraviesan las familias.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a defender una universidad pública capaz de garantizar oportunidades, fortalecer la soberanía y contribuir al desarrollo del país. Bajo las consignas de una patria democrática, soberana y educada, las organizaciones reafirmaron que la educación pública y la ciencia son pilares fundamentales para construir una sociedad con equidad y autonomía.
“Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada”, expresaron en el cierre de la declaración, que terminó con dos consignas: “Viva la universidad pública. Viva el pueblo argentino”.
